Autonomía del Paciente y Deberes del Médico en el Proyecto de Ley Andaluza de «Muerte Digna» (Patients’ Autonomy and Doctors’ Duties According to the Andalusian Bill of «Dignified Dead»)

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Resumen
Las disposiciones de Ley andaluza sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, conocido también como ley de «muerte digna», pivotan sobre dos ejes: el derecho a la autonomía del paciente, apoyado, en su caso, en la voluntad expresada en las instrucciones anticipadas
y los deberes de médicos y centros sanitarios de dar satisfacción, en la medida de sus posibilidades y respetando la legalidad vigente, a esas demandas. El núcleo de la cuestión estriba encontrar el punto de equilibrio necesario entre los deseos del paciente y la libertad y responsabilidad del médico. Junto con aspectos positivos, como el reconocimiento del derecho y la implementación de los cuidados paliativos, hay otras propuestas cuestionables, que afectan a los derechos de los médicos: falta de comprensión de la libertad y responsabilidad profesional
reconocimiento de la objeción de conciencia y de determinados deberes deontológicos. Tal como se expresado por la ley quedan comprometidos importantes derechos de los médicos, y podrían propiciar que en la actividad asistencial se introdujeran prácticas de medicina defensiva.
Abstract
The provisions of the andalusian Law on rights and guarantees of the dignity of persons in the process of death, also known as «act of dignified death», are based on two pillars: The right to the autonomy of the patient, supported, if it be, in a will expressed in instructions given in advance and the duties of doctors and health centers to give satisfaction, to the extent of their potential and respecting the law, those demands. The core of the question is to find the point of necessary balance between the wishes of the patient and the freedom and responsibility of the doctor. Together with positive aspects, such as the recognition of the right and the implementation of the palliative care, there are other questionable proposals, affecting the rights of doctors: a lack of understanding of freedom and professional responsibility, recognition of the objection of conscience and certain ethics duties, etc. As expressed by the law, remain committed substantial rights of doctors and might favor, in the care activity, introducing practices of defensive medicine.
Publicado el : viernes, 01 de enero de 2010
Lectura(s) : 21
Fuente : Cuadernos de Bioética 1132-1989 (2010) Vol. XXI Num. 71
Número de páginas: 12
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C O L A B O R A C I O N E SAutonomía del paciente y deberes del médico en el Proyecto de Ley Andaluza de «muerte digna»
AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DEBERES DEL
MÉDICO EN EL PROYECTO DE LEY ANDALUZA
DE «MUERTE DIGNA»
PATIENTS’ AUTONOMY AND DOCTORS’
DUTIES ACCORDING TO THE ANDALUSIAN
BILL OF «DIGNIFIED DEAD»
José Antonio Díez Fernández
Asociación para
la Defensa del Derecho a la
Objeción de conciencia (ANDOC)
C/ Maestra, 10
23002 JAÉN
jadiez@andoc.es
Resumen
Las disposiciones de Ley andaluza sobre derechos y garantías de la dignidad
de la persona en el proceso de la muerte, conocido también como ley de «muerte
digna», pivotan sobre dos ejes: el derecho a la autonomía del paciente, apoyado, en
su caso, en la voluntad expresada en las instrucciones anticipadas; y los deberes de
médicos y centros sanitarios de dar satisfacción, en la medida de sus posibilidades
y respetando la legalidad vigente, a esas demandas. El núcleo de la cuestión estriba
encontrar el punto de equilibrio necesario entre los deseos del paciente y la libertad
y responsabilidad del médico. Junto con aspectos positivos, como el reconocimiento
del derecho y la implementación de los cuidados paliativos, hay otras propuestas
cuestionables, que afectan a los derechos de los médicos: falta de comprensión de la
libertad y responsabilidad profesional; reconocimiento de la objeción de conciencia
Cuad. Bioét. XXI, 2010/1ª 51José Antonio Díez Fernández
y de determinados deberes deontológicos. Tal como se expresado por la ley quedan
comprometidos importantes derechos de los médicos, y podrían propiciar que en la
actividad asistencial se introdujeran prácticas de medicina defensiva.
Palabras clave: ley andaluza, muerte digna, autonomía paciente, cuidados palia-
tivos.
Abstract
The provisions of the andalusian Law on rights and guarantees of the dignity of
persons in the process of death, also known as «act of dignifi ed death», are based
on two pillars: The right to the autonomy of the patient, supported, if it be, in a will
expressed in instructions given in advance and the duties of doctors and health cen-
ters to give satisfaction, to the extent of their potential and respecting the law, those
demands. The core of the question is to fi nd the point of necessary balance between
the wishes of the patient and the freedom and responsibility of the doctor.
Together with positive aspects, such as the recognition of the right and the imple-
mentation of the palliative care, there are other questionable proposals, affecting the
rights of doctors: a lack of understanding of freedom and professional responsibility,
recognition of the objection of conscience and certain ethics duties, etc. As expressed
by the law, remain committed substantial rights of doctors and might favor, in the
care activity, introducing practices of defensive medicine.
Keywords: the andalusian bill, dignifi ed dead, patient´s autonomy, palliative
cares.
1. Introducción a) la incorporación al conjunto de los
derechos ciudadanos del denominado
El proyecto andaluz de Ley sobre de derecho a «una muerte digna» y a
derechos y garantías de la dignidad de la unos cuidados paliativos «de calidad
1persona en el proceso de la muerte , cono- y equitativos»;
cido también como ley de «muerte dig- b) la preeminencia otorgada a la au-
na», constituye una novedad dentro del tonomía del paciente en la toma de
ordenamiento jurídico español, no tanto decisiones que afecten al proceso de
por los temas que regula (la mayoría ya su muerte, en el contexto de una en-
desarrollados en otras leyes estatales y fermedad grave y terminal.
autonómicas), sino por el tratamiento
singular que concede a dos cuestiones: Aunque aquí me referiré fundamental-
mente a la segunda cuestión, me parece
1 El proyecto entró en el Parlamento andaluz
oportuno hacer algunas consideraciones a finales de junio de 2009 (BOPA, nº 269 de 1 de ju-
lio), y comenzará a debatirse después del verano. previas sobre la inclusión, dentro de
52 Cuad. Bioét. XXI, 2010/1ªAutonomía del paciente y deberes del médico en el Proyecto de Ley Andaluza de «muerte digna»
un mismo texto legal, del derecho a a) el catálogo de defi niciones, casi todas
una «muerte digna» y a los cuidados rigurosas y clarifi cadoras, de los tér-
paliativos. Aunque desde la pura óptica minos «técnicos» empleados, muy de
médico-asistencial pueda ser fácilmente agradecer en un terreno, como es el de
entendible la relación entre cuidados pa- los tratamientos médicos al fi nal de la
liativos y dignidad del enfermo, resulta vida, donde se abusa —en ocasiones,
—a mi entender— más problemática la deliberadamente— de la confusión
concesión, por ley, de rango de derechos semántica;
a ambas. No en vano, hay que recordar b) los derechos en que se materializa esa
que en la discusión parlamentaria del atención paliativa integral, del pacien-
nuevo Estatuto de autonomía andaluz, la te y de quienes le acompañan.
inclusión de los cuidados paliativos junto
al derecho a la «muerte digna» (artículo Jurídicamente, la vinculación o —si se
20) se debió a la necesidad de alcanzar quiere—, el «emparentamiento» entre el
un texto consensuado entre los distintos derecho a «vivir dignamente el momen-
grupos políticos, pues la propuesta inicial to de la muerte» y a recibir «cuidados
del Ejecutivo andaluz situaba en distintos paliativos» de calidad, puede suscitar
artículos (20 y 22.2) el «derecho a vivir consecuencias que trasciendan lo querido
dignamente el proceso de la muerte» y expresamente por la ley: primero, por el
el de recibir unos «cuidados paliativos difícil encaje dentro del ordenamiento
integrales». constitucional de un evanescente «dere-
La ley prevé medidas concretas para cho a una muerte digna» y la consiguiente
asegurar la autonomía del paciente y la equiparación que insinúa la ley andaluza
3ejecución, en su caso, de las voluntades entre «dignidad» y «calidad» . Y en se-
anticipadas, pero se trata de derechos y gundo lugar, porque la «satisfacción» de
garantías que ya están recogidos, casi esos derechos, va a depender, en gran
punto por punto, en la Ley General de medida, del quehacer de los profesionales
Sanidad, en la de Autonomía del Pa- sanitarios.
ciente y en los Códigos Deontológicos
2Médicos . Sin embargo, el proyecto tiene
dos importantes novedades que vale la
pena reseñar:
2 Vid. artículo 10 de la ley 14/86 General 3 En el apartado II de la Exposición de Moti-
de Sanidad; artículos 22 a 26 de la ley 41/2002 de vos del proyecto, al referirse al concepto de «derecho
Autonomía del Paciente; Código de Ética Médica de a una muerte digna, se emplean algunas expresiones
la OMC de 1999, artículos 8, 10, 13 y 27. Respecto a que van a servir como criterios interpretativos: «una
voluntades anticipadas, leyes autonómicas 2/1998 vida digna —señala— requiere una muerte digna.
de Salud de Andalucía y 5/2003 de declaración de El derecho a una vida digna no se puede truncar
voluntad vital anticipada. con una muerte indigna».
Cuad. Bioét. XXI, 2010/1ª 53José Antonio Díez Fernández
2. Autonomía del paciente y cuidados centros sanitarios para facilitar el ejercicio
paliativos en el texto del proyecto de los derechos de los pacientes conte-
nidos en los títulos I y II, en especial, lo
Entramos ya en el tema propio de este relativo al acompañamiento familiar y
trabajo: el análisis específi co de cómo se asistencial. Por último, el Título V (artícu-
articula en este proyecto el derecho a la los 28-32) está dedicado a las infracciones
5autonomía del enfermo con el papel que y sanciones .
corresponde a los profesionales en la aten-
ción del paciente y toma de decisiones en 3. Entender «bien» el principio del con-
esta materia. sentimiento libre e informado
Señalaba al principio la prioridad
otorgada a la autonomía del paciente; Las disposiciones de la ley pivotan,
el enunciado de la ley —«de derechos y por tanto, sobre dos ejes: el derecho a la
garantías de la dignidad de la persona en autonomía del paciente, apoyado, en su
el proceso de la muerte»— lo manifi esta caso, en la voluntad expresada en las ins-
6bien a las claras, y el propio articulado trucciones anticipadas ; y los deberes de
lo refl eja de modo patente: el «espacio» médicos y centros sanitarios de dar satis-
concedido a los profesionales de la salud facción, en la medida de sus posibilidades
y a las instituciones sanitarias es signifi - y respetando la legalidad vigente, a esas
cativamente menor, y se materializa en demandas. El meollo de la cuestión es
el enunciado de un conjunto de deberes encontrar el punto de equilibrio necesario
destinados a dar cumplimiento a los de-
rechos reconocidos a los pacientes. Los
5 El espinoso tema de las sanciones, que títulos I y II (artículos 1-16) contienen las
desató las reacciones de los colectivos médicos al disposiciones generales y los derechos de
conocerse el texto del anteproyecto, ha quedado
las personas ante el proceso de su muerte; bastante atemperado en la redacción que ha entra-
do en el Parlamento: subsisten las sanciones, pero el Título III (artículos 17-21) está dedicado
desaparece las alusiones a su monto, se reducen el a los deberes de los profesionales sanita-
catálogo de faltas y se expresan con mayor precisión
rios, consta de 5 artículos y enuncia los las conductas sancionables.
deberes que se derivan para los médicos 6 Con todo, expertos partidarios de regular
legalmente el suicidio asistido, como el Dr. Marcelo de los derechos contemplados en los dos
Palacios, restan importancia al valor de los testa-4primeros títulos . mentos vitales en esas circunstancias, puesto que
El Título IV (artículos 22-27) determina los actualmente en vigor expresan la imposibilidad
de actuar en contra del ordenamiento jurídico. Pro-las garantías que deben proporcionar los
pone, en este sentido, modificar el Código Penal y,
en consecuencia, modificar el Artí culo 11 de la Ley
4 Derecho a la información y a la toma de 41/2002 de autonomía del paciente, en particular el
decisiones clínicas; —cumplimiento de las volun- apartado 3: 3. No serán aplicadas las instrucciones
tades anticipadas; —al consentimiento informado previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex
en el caso de enfermos incapacitados de hecho; —a artis, ni las que no se correspondan con el supuesto
la limitación de las medidas de soporte vital y del de hecho que el interesado haya previsto en el mo-
esfuerzo terapéutico. mento de manifestarlas.
54 Cuad. Bioét. XXI, 2010/1ªAutonomía del paciente y deberes del médico en el Proyecto de Ley Andaluza de «muerte digna»
entre los deseos del paciente y la libertad demostrado, en muchos casos, bastante
7y responsabilidad del médico. Se trataría difusa .
de alejarse de dos extremos: dar tal pre-
eminencia a la autonomía del paciente 4. Presupuestos cuestionables del pro-
que acabe por anular la responsabilidad yecto
que compete al facultativo en su deber
«de intentar la curación o mejoría del 1. El «ensañamiento terapéutico» no es
paciente mientras sea posible» (artículo una práctica tan corriente como parecen
27, 1 Código de Ética Médica —CEDM—), sugerir algunas expresiones contenidas
o bien, depositar en manos del médico en el texto de la ley: la medicina actual
un poder de decisión tal que reduzca al ha experimentado en los últimos años
paciente a la condición de mero objeto. avances espectaculares en el tratamiento
En el fondo, se trata de aplicar, con del dolor; los casos graves y complica-
el debido rigor y en toda su extensión, dos no están ya en manos de médicos
el principio fundamental del consenti- individuales: es obligado trabajar en
miento libre e informado, sin lesionar, equipo, porque son varias las especiali-
de rechazo, los legítimos derechos de las dades a las que compete. Por otro lado,
partes implicadas. Este punto considero existen numerosos protocolos médicos
que no está resuelto de modo adecuado y farmacológicos para la atención de
8en el proyecto andaluz: tal como plantea enfermos terminales , que se aplican con
la conjunción de ambas perspectivas, toda normalidad. Además, la normativa
expresándolas en términos derechos-de- deontológica es taxativa respecto a la
beres, supone, de algún modo, situarse prohibición del ensañamiento diagnóstico
de espaldas a la realidad y olvidar algo
obvio: ninguna decisión en el terreno de
los cuidados asistenciales al fi nal de la
7 Hendin H. «Seducidos por la muerte». Planeta, vida —al margen de que sea o no correcta
2008, 107-108; recoge cómo el informe de la Comi-
clínica y éticamente— se puede tomar sión Remmelink (1991) revelaba que de los 49.000
sin el concurso del médico. Y no pienso casos de decisiones médicas para terminar con la
vida, tomadas desde la despenalización, más de la sólo en el peligro de relegar los derechos
mitad fueron adoptadas sin consultar al paciente, del médico, sino también en el extremo
y en más de 1000 casos, los médicos consultados
contrario: dejar tanto poder en sus manos admitieron expresamente haber causado o acelerado
la muerte del paciente sin que lo pidiera.que sean los facultativos quienes, en últi-
8 Vid. Guías Médicas de la SECPAL http://ma instancia, suplanten al paciente en su
www.secpal.com/guiasm/index.php, 2009; Do-
decisión de continuar con su vida. En este cumento de Consenso SECPAL-SEMFYC Atención al
sentido, resulta paradójica la experiencia paciente con cáncer en fase terminal en el domicilio».
Sánchez, M. «Atención primaria»: Publicación oficial de Holanda, el primer país del mundo
de la Sociedad Española de Familia y Comunitaria, Vol.
en despenalizar el suicidio asistido y 28, 2 (2001), 123-126; Guía de Práctica Clínica sobre de
la eutanasia, donde la frontera entre la Cuidados paliativos del SNS, Ministerio de Sanidad,
2008, por citar sólo algunos ejemplos, en España.eutanasia voluntaria e involuntaria se ha
Cuad. Bioét. XXI, 2010/1ª 55José Antonio Díez Fernández
9y terapéutico (artículo 27,3 CEDM) . En una escasa sensibilidad hacia el respeto
este sentido, pienso que ha tenido no poca que deben a su «lex artis» y a su Código
infl uencia sobre el proyecto un caso tan deontológico. En concreto:
singular como el de Inmaculada Echeva-
rría; la Exposición de motivos menciona — el artículo 8 del proyecto, sobre el
entre los documentos inspiradores del derecho del paciente al rechazo y a la
proyecto las recomendaciones aprobadas retirada de una intervención, señala:
por la Comisión Autonómica de Ética e «La persona que se encuentre en el proceso
11Investigación Sanitarias, el 25 de junio de de la muerte tiene derecho a rechazar la
2008, motivadas, en buena medida, por el intervención propuesta por los profesiona-
10caso de esta paciente granadina . les sanitarios, tras un proceso de informa-
2. La ley muestra una loable preocu- ción y decisión, aunque ello pueda poner
pación por proteger la autonomía de los en peligro su vida. Dicho rechazo deberá
pacientes, pero a riesgo de marginar a los constar por escrito». El problema no lo
profesionales, mostrando, por otro lado, plantea el inicio del enunciado, sino la
coletilla fi nal: «aunque ello pueda poner
9 A las disposiciones referidas del CEDM, en peligro su vida». Tal aseveración
hay que añadir una declaración de la Comisión —expresada sin más matizaciones y
Central de Deontología de la OMC de febrero de
en un contexto en que el papel del mé-2009 sobre «Ética de la sedación en agonía», que, entre
otros extremos, da respuesta, con notable precisión, dico sea el de un mero «receptor» del
a algunos casos que han saltado recientemente a la consentimiento— estaría abonando
opinión pública.
el terreno para que, en la práctica, se 10 El caso de Inmaculada Echevarría es, a mi
juicio, especialmente sintomático para entender las imponga la consideración de la auto-
claves en las que se apoyan algunos movimientos nomía del paciente como un derecho
pro-eutanasia: hacer «bandera» de un caso extremo
absoluto, que nos parece cuestionable, para atraer a la opinión pública hacia determinados
al menos, desde dos perspectivas bien postulados ideológicos. Sin embargo, no está de más
señalar que, en opinión de muchos expertos –algu- distintas:
nos bien ajenos a planteamientos pro eutanásicos a) la del médico que puede verse
(vid. p. e. Serrano Ruiz-Calderón, JM. «Precisiones en
impelido a actuar al margen de su relación con el caso de Inmaculada Echevarría» <http://
www.condignidad.org/precisiones-serrano.html «lex artis», en concreto, respecto
>, 2007), podría considerarse no tanto un caso de al deber enunciado en el artícu-
eutanasia, como de ejercicio del derecho de auto-
lo 27 del CEDM «de intentar la nomía de un paciente que, libre y conscientemente,
rechaza la continuidad de un medio terapéutico curación o mejoría del paciente
—el ventilador mecánico— indicado expresamente siempre que sea posible»; en este
para su distrofia muscular progresiva, que podía
punto, la deontología «hila muy resultar fútil y no aportar ninguna mejora para el
fi no» en su propósito de garanti-tratamiento y curación de su enfermedad de base.
Con todo, no se debe pasar por alto, el hecho de
que el informe del Consejo Consultivo de Ética de
Andalucía no analice la proporción o desproporción 11 El proyecto considera en «proceso de
del medio, su futilidad, sino sólo la voluntad del muerte» a aquellos pacientes «que se encuentran en
paciente. situación terminal o de agonía» (artículo 5.j).
56 Cuad. Bioét. XXI, 2010/1ªAutonomía del paciente y deberes del médico en el Proyecto de Ley Andaluza de «muerte digna»
zar la intencionalidad benefi cente como ante la perspectiva de una
del facultativo, cuando habla de dolencia que les reduzca, en un
«medidas adecuadas» que, aún plazo más o menos largo, a la
usadas correctamente, provoquen condición de personas absoluta-
un «acortamiento de la vida». Junto mente dependientes o que, en fi n,
con esa norma, conviene no olvidar termine provocando su muerte. La
las signifi cativas condiciones a una confl uencia de éstos y otros facto-
ilimitada autonomía del paciente res, hacen que sea especialmente
que establecen instrumentos jurí- necesaria la participación de un
dicos de tanto peso como el artí- equipo interdisciplinar que valore
culo 11.3 de la Ley 41/2002 sobre todos los elementos —personales,
12la autonomía del paciente , y la familiares, psicológicos, sociales,
13Recomendación 1418 (1999) del etc.— que pueden condicionar, de
Consejo de Europa sobre «Protec- modo determinante, las decisiones
ción de los derechos humanos y la del paciente. Resulta, en este caso,
dignidad de los enfermos termina- muy revelador el análisis realizado
les y moribundos». por el Dr. H. Hendin (obtenido de
b) la «vulnerabilidad» de quienes su amplísima y bien contrastada
padecen una enfermedad incurable experiencia sobre la práctica mé-
y de nefasto pronóstico, enfermos dica de la eutanasia en Holanda
que, en muchas ocasiones, son y en algunos Estados de EE.UU)
especialmente sensibles, tanto a sobre la infl uencia de los estados
14la presión del ambiente familiar , de depresión asociados, en muchos
casos, a las patologías más graves.
12 Artículo 11.3: «No serán aplicadas las ins- «Este tipo de pacientes, piden a la
trucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico,
vida lo que la vida ya no les puede a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el
supuesto de hecho que el interesado haya previsto en dar. La expresión más dramática de
el momento de manifestarlas. En la historia clínica del su necesidad de mantener el control es
paciente quedará constancia razonada de las anotaciones
su empeño por determinar el tiempo, relacionadas con estas previsiones. Aunque estén referi-
dos a las instrucciones previas, no sería congruente, el lugar y las circunstancias en que
considerar como válida una voluntad contraria al ha de producirse su muerte (…) La
ordenamiento jurídico o a la «lex artis», por el solo
depresión, causada a menudo por el hecho de ser manifestada en el momento de aceptar
conocimiento de la gravedad de su o rechazar una intervención.
13 «el deseo de morir expresado por el enfermo enfermedad, exagera su tendencia a ver
terminal o moribundo no puede constituir la base jurídica
de su muerte a manos de un tercero ni constituir una
justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a en cuenta tanto los deseos expresados previamente,
su vida.» como los que hubiera formulado presuntamente
14 El artículo 10, 4 contiene una importante de encontrarse en situación de capacidad». La
precisión en orden a la interpretación de la vo- posibilidad de atender a la «voluntad presunta»,
luntad del paciente incapaz y del que no existan recuerda al razonamiento empleado en el caso de
voluntades anticipadas; en este caso «se tendrán Eluana Englaro.
Cuad. Bioét. XXI, 2010/1ª 57José Antonio Díez Fernández
los problemas como blanco o negro». del profesional», se vean mermados los
Este tipo de situaciones pueden derechos del paciente.
llevar, por otro lado, al médico a Para justifi car esta omisión, los defen-
tomar decisiones dictadas por un sores de la propuesta sostienen que como
complejo de «fracaso»: «al no ser esta ley no despenaliza ninguna forma
capaces de encontrar una respuesta de eutanasia y sólo regula supuestos de
adecuada a los problemas de los mori- «buenas prácticas», no es preciso aludir
bundos, al miedo a llegar a padecer un a la objeción de conciencia. Sin dejar de
dolor insoportable y a la prolongación ser cierto lo primero (en principio, una
de la vida en circunstancias intolera- Comunidad Autónoma carece de compe-
15bles» . tencias para legislar en el terreno de los
3. La omisión de la objeción de con- derechos —como es el derecho a la vida y
ciencia del médico. Aunque la objeción es a la libertad de conciencia— «blindados»
17un derecho constitucionalmente ampara- por la Constitución ), la ley andaluza tie-
do y profesionalmente asentado, que no ne la particularidad de que trata de pro-
precisa para su ejercicio de la existencia tocolizar actos médicos, que inciden en
de una regulación específi ca (STC 11 de el terreno de las convicciones personales,
abril de 1985), el que la ley no haga remi- sin hacer ninguna previsión sobre la vía a
sión alguna a una regulación —bien sea que podrían acogerse los profesionales en
constitucional, bien deontológica— po- caso de que se den confl ictos éticos.
dría dar lugar a una gran inseguridad En ese sentido, además del ya mencio-
entre los médicos, y a una multiplicación nado artículo 8, puede ser problemático
de los litigios. De hecho esta ausencia ha también el Artículo 18: «todos los profe-
sido advertida y criticada por los Colegios sionales sanitarios implicados en la atención
16Médicos . del paciente tienen la obligación de respetar
En cualquier caso, los redactores del los valores y preferencias del paciente en la
proyecto, no descartan del todo la apari- toma de decisiones clínicas, en los términos
ción de supuestos de objeción de concien- previstos en la presente Ley, en la Ley 41/2002
cia, aunque se conforman con hacer una de 14 de noviembre, en la Ley 5/2003, de 9
velada referencia en el artículo 22, 2, al de octubre y en sus respectivas normas de
expresar la obligación del centro sanitario desarrollo, debiendo abstenerse de imponer
de arbitrar los medios para que en ningún criterios de actuación basados en sus propias
caso, «incluida la negativa o ausencia creencias o convicciones personales morales,
religiosas, o fi losófi cas». Su enunciado, en
apariencia similar al del artículo 8 del 15 Hendin, H. Resumen para el Subcomité del
Congreso de los Estados Unidos de América: En «Phy- CEDM, contiene, sin embargo, contrastes
sician Assisted Suicide and Euthanasia in the Ne-
therlands». JAMA (1997), 1720-1722. Vid. igualmente 17 De todos modos, existen antecedentes de
ob. cit. en nota 6. regulaciones autonómicas que reconocen el derecho
16 Nota del Consejo Andaluz de Colegios a la objeción de conciencia, al menos, para los far-
Médicos de 16 de junio, Europa Press. macéuticos: Galicia, La Rioja, Castilla La Mancha.
58 Cuad. Bioét. XXI, 2010/1ª

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