Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad

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Esta obra ofrece una percepción novedosa de la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, a partir de un estudio profundo en torno al objetivo constitucional de preservar el derecho fundamental a la intimidad. Así, tras examinar el fundamento de la tutela constitucional a la intimidad, se propone un método adecuado para delimitar el ámbito de protección, y a partir del análisis detallado de los canales de acceso a material probatorio por medio de incursiones en la intimidad, se separa el material probatorio de la actividad invasiva realizada para conseguirlo y del empleo que pueda tener. Soportado en dicho análisis, el autor cuestiona la exclusión indiscriminada de la prueba obtenida por medio de intervenciones ilegítimas en la intimidad, y propone examinar en cada hipótesis la compatibilidad de la exclusión probatoria con la inmunidad que la Constitución pretende asegurar al área íntima.


Publicado el : martes, 29 de julio de 2014
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EAN13 : 9789587721768
Número de páginas: 322
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Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad

Miguel Enrique Rojas Gómez
  • Editor: Universidad externado de Colombia
  • Año de edición: 2011
  • Publicación en OpenEdition Books: 29 julio 2014
  • Colección: Derecho
  • ISBN electrónico: 9789587721768

OpenEdition Books

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  • ISBN: 9789587107234
  • Número de páginas: 322
 
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ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad. Nueva edición [en línea]. Bogotá: Universidad externado de Colombia, 2011 (generado el 26 enero 2015). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/uec/146>. ISBN: 9789587721768.

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Esta obra ofrece una percepción novedosa de la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, a partir de un estudio profundo en torno al objetivo constitucional de preservar el derecho fundamental a la intimidad.
Así, tras examinar el fundamento de la tutela constitucional a la intimidad, se propone un método adecuado para delimitar el ámbito de protección, y a partir del análisis detallado de los canales de acceso a material probatorio por medio de incursiones en la intimidad, se separa el material probatorio de la actividad invasiva realizada para conseguirlo y del empleo que pueda tener.
Soportado en dicho análisis, el autor cuestiona la exclusión indiscriminada de la prueba obtenida por medio de intervenciones ilegítimas en la intimidad, y propone examinar en cada hipótesis la compatibilidad de la exclusión probatoria con la inmunidad que la Constitución pretende asegurar al área íntima.

Miguel Enrique Rojas Gómez

MIGUEL ENRIQUE ROJAS GÓMEZ, abogado, con especialización en derecho procesal civil y doctorado en derecho. Su tesis doctoral en torno a la “Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad” mereció la calificación de sobresaliente cum laude. Ha sido profesor de derecho procesal y derecho probatorio en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Sergio Arboleda. Ha participado en la redacción de normas de importancia en el ámbito procesal, entre las que se destacan las leyes 794, 1098, 1194 y 1395; y fue miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Código General del Proceso que hace tránsito en el Congreso de la República. Además de esta, ha publicado las siguientes obras: Las nulidades en el proceso disciplinario (1998), El proceso de investigación de la paternidad (2001), Teoría del proceso (2002), La reforma al Código de Procedimiento Civil (2003), Restablecimiento de derechos de la infancia (2007), Apuntes sobre la Ley de Descongestión (2010) y El proceso civil colombiano, 4.ª ed. (2011).

    1. Capítulo primero. La intimidad como objeto de protección jurídica

      1. I. LA DIGNIDAD HUMANA, LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD
      2. II. ALCANCES DEL CONCEPTO DE INTIMIDAD COMO OBJETO DE PROTECCIÓN JURÍDICA
      3. III. DISPONIBILIDAD DE LO ÍNTIMO Y EJERCICIO DE LA LIBERTAD
      4. IV. LA DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PERCEPCIONES PROPIAS
      5. V. EL DEBER JURÍDICO DE GUARDAR RESERVA
    2. Capítulo segundo. Intervenciones en la intimidad

      1. I. FUNDAMENTO DE LAS INCURSIONES EN LA INTIMIDAD
      2. II. INTERVENCIONES EN LA ÓRBITA INDIVIDUAL
      3. III. LA INTERVENCIÓN EN LAS RELACIONES INTERSUBJETIVAS
      4. IV. LA INVASIÓN DE LA INTIMIDAD Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS PARA EL PROCESO JUDICIAL
  1. Segunda parte. material probatorio obtenido con invasión de la intimidad

    1. Capítulo tercero. Uso de material probatorio obtenido mediante invasión de la intimidad

      1. I. LEGITIMIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO
      2. II. USO DEL MATERIAL PROBATORIO
      3. III. LEGITIMIDAD DEL USO DEL MATERIAL PROBATORIO OBTENIDO GRACIAS A LA PENETRACIÓN EN LA INTIMIDAD
    2. Capítulo cuarto. El desprecio de la prueba obtenida mediante incursión indebida en la intimidad

      1. I. LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN Y LA PRUEBA OBTENIDA MEDIANTE ILEGÍTIMA INVASIÓN DE LA INTIMIDAD
      2. II. ALCANCES DE LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN EN RELACIÓN CON LA PRUEBA OBTENIDA MEDIANTE INVASIÓN ILEGÍTIMA DE LA INTIMIDAD
      3. III. EFECTOS DE LA EXCLUSIÓN PROBATORIA POR INVASIÓN ILEGÍTIMA DE LA INTIMIDAD
  1. Fuentes

  2. Índice analítico

Agradecimientos

1Esta obra fue presentada como tesis doctoral en la Uni­versidad Externado de Colombia y defendida en sesión pública el 8 de marzo de 2011. El jurado, del que recibió la calificación unánime de sobresaliente cum laude, estuvo integrado por los profesores Jairo Parra Quijano, Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Juan Carlos Henao Pérez, Juan Carlos Guayacán Ortiz y Eduardo Cifuentes Muñoz, a quienes agradezco el interés en la lectura del trabajo y su análisis crítico, así como las observaciones y sugerencias formuladas, que han resultado de incalculable utilidad a la hora de ajustar el texto para su publicación.

2Quiero expresar mi gratitud, de manera especial, a la Universidad Externado de Colombia y a su rector, doctor Fernando Hinestrosa, lo mismo que a la Universidad de los andes, por su generoso apoyo. También a la directora de la tesis, doctora Emilssen González de Cancino, porsu infinita disposición para orientar la investigación con el afecto, la tolerancia y la paciencia característicos del auténtico maestro; por sus consejos, observaciones y comentarios de incalculable valor en la elaboración del trabajo; y por las ayudas bibliográficas que generosamente me suministró.

3Agradezco, además, a Juan Carlos Upegui, por la lectura y crítica del borrador, así como por sus juiciosas sugerencias.

4Por último, pero no por ello con menor intensidad, agradezco a mi familia el apoyo moral, la comprensión y la confianza depositada en mí.

5Bogotá, julio de 2011

Presentación

Emilssen González de Cancino

1En los tiempos que corren ningún jurista pone en duda la importancia de las cuestiones relativas al proceso; ya no se piensa en sus normas e instituciones como una parte “adjetiva” con la misión de determinar o calificar la “sustantiva”.

2Los admiradores del derecho romano sabemos que una de las características que lo han hecho un referente intemporal es la manera como sus grandes juristas construyeron las mejores respuestas para los problemas sometidos a su análisis, que se destaca por su vinculación permanente y prioritaria con los acontecimientos de la realidad y con el medio procesal óptimo para llevarlas a la práctica.

3Ahora bien: el carácter central que en la actualidad tiene la protección eficaz de los derechos humanos abrió nuevas inquietudes en el ámbito del proceso y constituye terreno rico para la investigación de los especialistas.

4La obra de Miguel Enrique Rojas Gómez titulada Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad es una magnífica muestra de la nueva tendencia. En ella la regla constitucional de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida se somete a muy juicioso análisis en el que la piedra de toque es precisamente el respeto de los derechos humanos contemplados no en el abstracto “firmamento de los conceptos” –expresión del gran Rudolf Von Ihering– sino desde la perspectiva de los protagonistas concretos.

5La primera parte del estudio se dedica a la identificación de la intimidad como objeto de protección jurídica; la segunda, al examen del material probatorio obtenido con invasión de aquélla, para finalizar con una propuesta de interpretación de la regla de exclusión que, en palabras del autor, satisfaga el interés constitucional en la integridad del derecho y evite que redunde en contra del titular de éste cuando se le ha lesionado.

6Al considerar que el amparo de la intimidad descansa fundamentalmente sobre la libertad y el secreto, pone de presente una lección importante de comportamiento personal ya que por una parte subraya el margen amplísimo de autonomía que el derecho debe garantizar a los individuos en su desempeño social, mientras por otra recuerda la responsabilidad que les compete a éstos por las consecuencias de compartir con otros o facilitarles el acceso a aquello que desearían mantener oculto.

7la regla de exclusión de la prueba obtenida con violación del debido proceso tal como aparece en la formulación categórica y abstracta del artículo 29 de nuestra Carta Política se acomoda a nuestra conciencia jurídica y ética; sin embargo, su entendimiento como parte del sistema que conforma el ordenamiento ofrece muchos matices que deben ser tenidos en cuenta para asegurar el imperio de valores y principios basilares, tales como la justicia, la libertad, la protección de las víctimas, la igualdad o la verdad como fundamentos de las sentencias, aunque en relación con este último la ponderación tiene que ser especialmente rigurosa.

8A lo largo de la obra –que, dicho sea de paso, constituye una versión debidamente puesta al día de la tesis doctoral que mereció del jurado la calificación sobresaliente cum laude, máxima nota para este tipo de investigaciones–, Rojas Gómez plantea una serie muy interesante de interrogantes a propósito de los fundamentos y consecuencias de la ya mencionada regla y los va respondiendo con destreza, de manera lógica, práctica y constitucionalmente válida, aprovechando su buena formación como procesalista y docente, así como su espíritu práctico de litigante.

9En su tarea de análisis, el autor distingue las distintas hipótesis en que puede presentarse la relación material probatorio-intimidad, así como las diferentes actuaciones que a propósito de una prueba obtenida mediante violación de ésta interesan al derecho; establece así los contrastes pertinentes, por ejemplo, entre las intervenciones corporales y la irrupción en el domicilio o la interceptación y el registro de las comunicaciones privadas, entre el hallazgo y el uso intraprocesal o extraprocesal del material probatorio obtenido “mediante penetración en la intimidad”, etc.

10Antes de llegar a la exposición de la tesis central, Rojas Gómez va sentando conclusiones parciales de gran interés; valgan como botón de muestra sus argumentos para sostener que el conocimiento por los extraños sobre aspectos que una persona considera íntimos, en virtud de la difusión del material probatorio obtenido mediante irrupción ilegitima en la intimidad, no disminuye o desaparece porque ese material se excluya de la apreciación judicial que en alguna medida puede disuadir al infractor de aducirlo en el proceso, pero no de infringir el régimen de protección de la intimidad.

11El autor defiende, con argumentos sólidos, que la inexistencia o la nulidad de pleno derecho de las pruebas obtenidas mediante violación del régimen de protección del derecho a la intimidad o la “inutilización” propuesta por la doctrina italiana pueden entrar en contradicción tanto con la libertad de los individuos y el consiguiente poder de disposición de éstos sobre su intimidad como con el interés de la víctima de la intromisión en demostrar con aquellos elementos su posición, su calidad o sus derechos. Para superarla, Rojas Gómez propone encarar el problema sobre la base de la inoponibilidad.

12Muy seguramente algunos contradictores harán oír sus voces porque el tema es polémico, como todos los que tocan puntos sensibles de un sistema democrático basado en el respeto de los derechos fundamentales, porque la sanción de nulidad está prevista en la misma Constitución y porque el autor desarrolla su argumentación con la creatividad y la audacia que le son características, sin concesiones a lo establecido por el mero hecho de estar respaldado por criterios de autoridad o potestad.

13El lector encontrará en el contenido del libro, así como en el lenguaje conciso y claro que el autor emplea, materiales para enriquecer sus conocimientos jurídicos y horas de lectura agradables y útiles.

14Algunos editores consideran que identificar un libro como la versión final de una tesis doctoral le resta valor intelectual y dificulta su comercialización; esto puede ser cierto cuando se trata de un escritor primerizo y desconocido en el ámbito de su especialidad profesional y académica, pero este no es el caso de Miguel Enrique Rojas Gómez, quien ha publicado varias obras muy apreciadas por los juristas, se desempeña como profesor de las más prestigiosas facultades de Derecho de Bogotá, es miembro del instituto Colombiano de Derecho Procesal y del instituto iberoamericano de Derecho Procesal, y forma parte de la Comisión Redactora del Código General del Proceso.

15Al final, me complace poner en la presentación de los libros un detalle personal distinto del meramente académico; en ésta, destaco al autor como un profesor a la vez profundo y sencillo, austero, disciplinado, en extremo gentil, amante de su tierra y de los suyos y de las universidades en las que despliega su labor docente.

Autor
Emilssen González de Cancino

Directora del Departamento de Derecho Romano Universidad Externado de Colombia

Introducción

1Superada la perplejidad que inicialmente mostró la jurisprudencia de cara a la fórmula constitucional que contempla la regla de exclusión1, el problema relacionado con sus alcances en la actualidad luce aparentemente pacífico en la doctrina y la jurisprudencia colombianas. Hoy se acepta sin reparos, talvez unánimemente, que la “violación del debido proceso”, determinante de la exclusión probatoria, consiste no tanto en la preterición de la debida contradicción2 o en la inobservancia de las formalidades para la práctica de pruebas3, sino más bien en la lesión ilegítima de derechos fundamentales como consecuencia de la actividad de búsqueda del material probatorio, realizada no solo por quienes encarnan la autoridad pública, sino también por los particulares4.

2Se reconoce asimismo, aunque no en forma unánime, que la exclusión probatoria es predicable no solo respecto de la prueba obtenida directamente por medio de la actividad lesiva de los derechos fundamentales, sino también de la que se derive de ella5. Sólo de manera excepcional6 se ha negado el efecto reflejo de la prueba obtenida mediante la actividad ofensiva de derechos fundamentales.

3Sin embargo, no por ello puede sostenerse que todos los problemas relativos a la aplicación de la cláusula constitucional de exclusión están resueltos. Desde la determinación sobre la presencia de la lesión de un derecho fundamental hasta la definición de la consecuencia adecuada de la exclusión probatoria, la fórmula constitucional engendra serias inquietudes académicas de hondas repercusiones en la práctica forense, aun no resueltas satisfactoriamente.

4Por un lado, establecer si un derecho fundamental ha sido intervenido exige definir con anticipación su contenido objeto de protección jurídica, tarea que no ha sido cabalmente desarrollada respecto de ciertos derechos que ordinariamente resultan comprometidos con la actividad probatoria. A dicho propósito cabe destacar que aunque en la mayor parte de los casos examinados por la jurisprudencia ha resultado comprometido el derecho a la intimidad, no se encuentra en aquella una identificación precisa delos aspectos íntimos susceptibles de protección jurídica ni de las condiciones en que ésta es posible, lo que dificulta establecer de cara a cada caso concreto si el derecho ha sido lesionado. Tampoco se señalan criterios claros y estables que faciliten definir sobre la legitimidad de las intervenciones en el derecho a la intimidad, no obstante reconocer la necesidad de restringirlo aun en situaciones diversas delas previstas expresamente por la Constitución.

5Por otro lado, a partir de la expresión literal de la fórmula constitucional se ha admitido, acaso sin suficiente reflexión, que toda prueba obtenida por medio de incursión ilegítima en la intimidad deviene jurídicamente inane. Sin mediar distinción entre el material probatorio creado o elaborado gracias a la intromisión y el que siendo preexistente resulte descubierto en virtud de ella, se ha ido predicando su exclusión del escenario del proceso, al margen del beneficio que ésta reporte a la inmunidad del área íntima7.

6Así mismo se ha entendido que la ilegitimidad de la intromisión deja irremediablemente manchado el material probatorio hallado o creado en virtud de ella, hasta el punto de resultar inevitable la transmisión automática de tal ilegitimidad a cualquier empleo que pretenda hacerse de dicho material en el seno del proceso.

7Igualmente, con arreglo a la expresión constitucional se ha planteado constantemente que en cuanto resulte herido el derecho a la intimidad con ocasión de la actividad de búsqueda de pruebas, las que se consigan de esa manera carecen de mérito probatorio por ser nulas de pleno derecho, sin consideración a los hechos que con ellas puedan ser demostrados, ni al sujeto que pueda aprovecharse de estos8. Aun quienes proponen descartar la exclusión del material probatorio cuya apreciación milite en beneficio del acusado mantienen, sin explicación, el predicamento de la nulidad de pleno derecho originada en la incursión ilegítima en la intimidad9.

8Sin embargo, tales planteamientos insistentemente formulados no solo suscitan serios interrogantes, sino además dejan sin responder otros como los que a continuación se proponen:

9¿Qué aspectos integran la intimidad como objeto de protección jurídica?

10¿Bajo qué condiciones puede reclamarse la inmunidad de los aspectos íntimos?

11¿Cómo determinar si una intervención en el derecho a la intimidad es legítima?

12¿Cómo se explica que el material probatorio preexistente a la intromisión se vuelva ilegítimo por ser descubierto gracias a ella?

13¿Cómo entender que para proteger el derecho a la intimidad se desperdicie material probatorio que pudiera aprovechar al titular del derecho erosionado?

14¿Cómo explicar que aun cuando redunde en beneficio de la víctima de la intromisión, el empleo del material probatorio obtenido gracias a ella se deseche de plano en aras de la inmunidad de la intimidad?

15¿Cómo admitir en el proceso pruebas conseguidas por medio de incursión ilegítima en la intimidad y reconocerles mérito probatorio para ciertos efectos como demostrar la inocencia del acusado, si se consideran nulas de pleno derecho?

16Interrogantes como estos exigen examinar a profundidad, entre otros aspectos, el fundamento de la protección jurídica de la intimidad y de sus posibles restricciones, las diversas hipótesis de obtención de material probatorio por medio del acceso a la intimidad, los usos que pueden darse a dicho material, el rol de la cláusula de exclusión en función de la inmunidad del área íntima y el beneficio que puede reportar la apreciación o la exclusión de las pruebas así conseguidas.

17Por ello, con el ánimo de ofrecer, a lo largo de este trabajo, posibles respuestas respecto de los principales problemas hallados, se ha preferido iniciar con la identificación de los aspectos que componen la intimidad y la delimitación del ámbito de protección jurídica, seguida del estudio sobre las posibilidades de restringir legítimamente el derecho a la intimidad, empresa que se estima realizada en los dos capítulos que integran la primera parte; la segunda se ha dedicado al examen de las diversas hipótesis de obtención de pruebas, de los usos que éstas admiten y de la legitimidad de su empleo en el escenario del proceso de cara a la cláusula constitucional de exclusión.

18Se intenta demostrar ante todo que el cerco de protección jurídica de la intimidad descansa sobre la reserva y la libertad10, y que por lo tanto sólo puede extenderse a los aspectos materialmente susceptibles de ocultamiento en tanto no sean exhibidos o divulgados por el titular y se mantengan adecuadamente escondidos. A partir de allí se propone que en cuanto el individuo remueva el velo que oculta aspectos de su área íntima se desvanece la expectativa de secreto, a no ser que la exhibición esté amparada por un deber específico de guardar sigilo, de donde se sigue que por lo regular cada uno de los sujetos de una relación se entiende facultado para memorizar lo ocurrido en desarrollo de ella, para documentarlo o para mostrarlo a terceros.

19Delimitado el ámbito de protección jurídica de la intimidad, se pretende identificar criterios que faciliten la calificación de la legitimidad de las posibles restricciones del derecho, en especial cuando están destinadas a conseguir material probatorio que pueda servir a la reconstrucción de los hechos relevantes para solucionar litigios judiciales.

20Enseguida se procura deslindar el material probatorio obtenido por medio de incursiones en la intimidad, no solo respecto de la intromisión que haya permitido conseguirlo sino también respecto del empleo que pueda hacerse de él, con el fin de establecer si necesariamente deviene ilegítimo todo uso de pruebas ilegítimamente obtenidas, si las pruebas preexistentes descubiertas por medio de irrupciones ilegítimas admiten usos legítimos, o si aun el material probatorio creado o elaborado por medio de ilícitas actividades invasivas es susceptible de emplearse en forma legítima.

21Por último, se intenta examinar los alcances de la cláusula constitucional de exclusión como mecanismo de protección del derecho a la intimidad. A partir de la identificación de la autonomía como uno de los elementos edificantes del cerco de protección de la intimidad, se analiza si repeler de plano el material probatorio obtenido gracias al acceso ilegítimo a la intimidad ajena resulta siempre compatible con los objetivos de la inmunidad de aquella o si ocasionalmente se muestra contrario al fundamento de dicha protección. En esta dirección se estudian diversas hipótesis que mueven a poner en entredicho la idoneidad de la regla de exclusión como medida de protección del derecho a la intimidad y en cambio aconsejan su inaplicación en beneficio del libre dominio de ésta, para finalizar proponiendo una lectura menos rígida de lo que la fórmula constitucional identifica como un problema de validez de la prueba conseguida por medio del acceso ilegítimo a la intimidad.

22En síntesis, en este trabajo se plantea una aplicación moderada o, si se quiere, selectiva de la regla de exclusión respecto de los elementos de prueba conseguidos por medio de actividades ofensivas del derecho a la intimidad, para asegurar que en todo caso la exclusión probatoria satisfaga el interés constitucional en la integridad del derecho y evitar que redunde en contra del titular del derecho lesionado.

Notas

1 La expresión constitucional incluida en el inventario de garantías anejas al debido proceso (CP, art. 29) es del siguiente tenor: “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

2 En un primer intento por definir el alcance de la cláusula de exclusión, la Corte Constitucional aludió a la omisión de controversia probatoria como la fuente de la violación del debido proceso en la actividad probatoria. Sentencia C-150 de 1993.

3 En alguna oportunidad, en el afán de ofrecer mayores luces sobre los alcances de la cláusula de exclusión, la Corte Constitucional identificó la inobservancia de las formalidades esenciales como la causa inmediata de la violación del debido proceso en la actividad probatoria. Sentencia C-491 de 1995.

4Corte Constitucional. Sentencia sU-159 de 2002 y sentencia T-233 de 2007; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de junio de 2007, expediente n.° 2000-751.

5Orlando Alfonso Rodríguez. Prueba ilícita penal, Bogotá, Gustavo Ibáñez, 2004, p. 414.

6Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. sentencia del 29 de julio de 2005, expediente n.° 19227.

7Corte Constitucional. Sentencia T-916 de 2008.

8Íd. Sentencia C-372 de 1997.

9Jairo Parra Quijano. Manual de derecho probatorio, Bogotá, Librería del Profesional, 1997, p. 37.

10Juan Carlos Upegui Mejía. Habeas data, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, p. 25.

Primera parte. intimidad y actividad probatoria

Capítulo primero. La intimidad como objeto de protección jurídica

I. LA DIGNIDAD HUMANA, LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

1El reconocimiento de la dignidad humana, punto de partida y principal fundamento del derecho internacional de los derechos humanos1 e inspiración del constitucionalismo contemporáneo2, envuelve la estimación de los caracteres inherentes a la persona y la identificación de las necesidades cuya satisfacción es indispensable para su adecuado desenvolvimiento individual y social3. La dignificación de la persona humana, constantemente destacada como principal fundamento del régimen constitucional4, refleja la concepción antropocéntrica de la sociedad y del Estado, en virtud de la cual los fines sociales y estatales giran en torno a la persona5.

2Dignificar a la persona implica reconocer que ella es un fin en sí misma, que cada individuo exhibe caracteres peculiares que componen su singularidad, que goza de capacidad de autogobernarse6, de distinguir entre lo bueno y lo malo, de razonar y elegir, y que reclama condiciones propicias para el pleno desarrollo de sus potencialidades7. De ahí que la socialización del individuo deba tener como fuente la advertencia y el aprecio de su originalidad en lugar de apuntar hacia la homogeneización de su aspecto y de su conducta. Reconocer la dignidad humana implica aceptar y respetar la diversidad8 como genuina expresión del pluralismo característico de la sociedad democrática, y apreciar la diferencia específica que identifica a la persona y le sirve de apoyo para avanzar en la realización de sus planes de vida, gracias a la capacidad de autodeterminación que promueve la creatividad y la iniciativa del individuo, que sólo pueden desarrollarse a plenitud en cuanto se disponga de condiciones propicias, entre las cuales se destacan las que preservan de la observación y censura ajenas.

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