Política criminal y “prevención”

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Este libro es el producto de las investigaciones de 2014 que se socializaron en el Congreso Nacional de Política Criminal y "Prevención" en el que se presentaron diferentes posturas y críticas al concepto de "prevención" del delito. La primera parte del libro la hemos denominado "Una crítica al concepto de prevención", en ella se contemplan los siguientes capítulos: "Políticas públicas y 'prevención' en Colombia", en este se confronta una política criminal garantista con una política criminal reactiva; "Prevenciones sobre la prevención: algunas consideraciones desde la criminología", allí se analizan ciertos argumentos clásicos de las políticas de prevención del delito, señala algunos de sus límites y elabora algunas críticas contemporáneas; "Una política criminal desde la garantía de los derechos económicos sociales y culturales: una aproximación al enfoque de género", identifica algunos obstáculos para el logro de una política de prevención del delito desde la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres; "La necesidad de una política preventiva verde en Colombia", en el que se desarrolla la tesis según la cual una macropolítica pública de prevención de daños en Colombia debe tener como constituyente central el componente ambiental; y "Programas socioeducativos para resocialización en el contexto penitenciario", este analiza la efectividad de cinco programas socioeducativos en prisión. La segunda parte del libro se titula "Algunos métodos para una política criminal preventiva", en el que encontramos los siguientes capítulos: "Propuesta metodológica para el análisis jurídico-económico del delito: construcción de indicadores auxiliares en la toma de decisiones de política criminal", que propone una metodología para el análisis jurídico-económico del delito; y "Métodos alternativos de solución de conflictos en la política criminal del Estado", el cual aborda la eficacia de la implementación y aplicación obligatoria de la conciliación.


Publicado el : jueves, 27 de octubre de 2016
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EAN13 : 9789587724226
Número de páginas: 295
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Política criminal y “prevención”

Carol Sierra Ramirez, Nilton Rosas Camacho Deily, Jorge Luis Triana Sánchez, Carlos Andrés Ávila Palacio, Laura Elisa Rivera Montealegre, María del Pilar Salamanca Santos, Nora Cristina Osorio Gutiérrez, David Rodríguez Goyes, Ana Lucía Moncayo Albornoz, Camilo Eduardo Umaña Hernández y Marcela Gutiérrez Quevedo
  • Editor: Universidad externado de Colombia
  • Año de edición: 2015
  • Publicación en OpenEdition Books: 27 octobre 2016
  • Colección: Derecho
  • ISBN electrónico: 9789587724226

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  • ISBN: 9789587724066
  • Número de páginas: 295
 
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SIERRA RAMIREZ, Carol ; et al. Política criminal y “prevención”. Nueva edición [en línea]. Bogotá: Universidad externado de Colombia, 2015 (generado el 28 octubre 2016). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/uec/1116>. ISBN: 9789587724226.

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Este libro es el producto de las investigaciones de 2014 que se socializaron en el Congreso Nacional de Política Criminal y "Prevención" en el que se presentaron diferentes posturas y críticas al concepto de "prevención" del delito.

La primera parte del libro la hemos denominado "Una crítica al concepto de prevención", en ella se contemplan los siguientes capítulos: "Políticas públicas y 'prevención' en Colombia", en este se confronta una política criminal garantista con una política criminal reactiva; "Prevenciones sobre la prevención: algunas consideraciones desde la criminología", allí se analizan ciertos argumentos clásicos de las políticas de prevención del delito, señala algunos de sus límites y elabora algunas críticas contemporáneas; "Una política criminal desde la garantía de los derechos económicos sociales y culturales: una aproximación al enfoque de género", identifica algunos obstáculos para el logro de una política de prevención del delito desde la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres; "La necesidad de una política preventiva verde en Colombia", en el que se desarrolla la tesis según la cual una macropolítica pública de prevención de daños en Colombia debe tener como constituyente central el componente ambiental; y "Programas socioeducativos para resocialización en el contexto penitenciario", este analiza la efectividad de cinco programas socioeducativos en prisión.

La segunda parte del libro se titula "Algunos métodos para una política criminal preventiva", en el que encontramos los siguientes capítulos: "Propuesta metodológica para el análisis jurídico-económico del delito: construcción de indicadores auxiliares en la toma de decisiones de política criminal", que propone una metodología para el análisis jurídico-económico del delito; y "Métodos alternativos de solución de conflictos en la política criminal del Estado", el cual aborda la eficacia de la implementación y aplicación obligatoria de la conciliación.

    1. Prevenciones sobre la prevención: algunas consideraciones desde la criminología

      Camilo Eduardo Umaña Hernández
      1. INTRODUCCIÓN
      2. I. PREVENCIÓN DESDE FUERA DEL SISTEMA PENAL
      3. II. PREVENCIÓN DESDE DENTRO DEL SISTEMA PENAL
      4. III. COMENTARIOS FINALES
    2. Una política criminal desde la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales: una aproximación al enfoque de género

      Ana Lucía Moncayo Albornoz
      1. INTRODUCCIÓN
      2. I. EL PANÓPTICO Y SU LEGADO: EL PARADIGMA DE LA PREVENCIÓN
      3. II. EL RECONOCIMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO, UN ELEMENTO ESTRUCTURAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA CRIMINAL PREVENTIVA: ESPECIAL SITUACIÓN DE LA MUJER
      4. III. EL PATRIARCADO Y LA SELECTIVIDAD: UN OBSTÁCULO ESTRUCTURAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA CRIMINAL CON ENFOQUE DE GÉNERO
      5. CONCLUSIONES
    3. La necesidad de una política preventiva verde en Colombia

      David Rodríguez Goyes
      1. INTRODUCCIÓN
      2. I. POLÍTICAS PÚBLICAS Y POLÍTICA CRIMINAL
      3. II. MARCO CONCEPTUAL DE LA CRIMINOLOGÍA VERDE
      4. III. LO AMBIENTAL COMO CRIMINOGÉNESIS EN EL CASO COLOMBIANO. DESPLAZAMIENTO, DESPOJO DE TIERRAS, BIOPIRATERÍA, TRÁFICO E ILEGALIDAD
      5. IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: LO AMBIENTAL EN EL CENTRO DE LA AGENDA DE POLÍTICAS PREVENTIVAS
    4. Programas socioeducativos para resocialización en el contexto penitenciario

      Nora Cristina Osorio Gutiérrez, María del Pilar Salamanca Santos, Laura Elisa Rivera Montealegre y Carlos Andrés Ávila Palacio
      1. INTRODUCCIÓN
      2. I. MARCO DE REFERENCIA
      3. II. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS
      4. III. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
      5. IV. RESULTADOS
      6. V. CONCLUSIONES
      7. VI. RECOMENDACIONES
  1. Algunos métodos para una política criminal preventiva

    1. Propuesta metodológica para el análisis jurídico-económico del delito: construcción de indicadores auxiliares en la toma de decisiones de política criminal

      Jorge Luis Triana Sánchez
      1. INTRODUCCIÓN
      2. I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
      3. II. OBJETIVOS
      4. III. METODOLOGÍA
      5. IV. MARCO TEÓRICO
      6. V. RESULTADOS
      7. VI. CONCLUSIONES
      8. VII. RECOMENDACIONES
    2. Eficacia de la implementación de los métodos alternativos de solución de conflictos en la política criminal del estado Colombiano

      Nilton Rosas Camacho y Deily Carol Sierra Ramírez
      1. INTRODUCCIÓN
      2. I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
      3. II. OBJETIVOS
      4. III. METODOLOGÍA
      5. IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
      6. V. CONCLUSIONES

Prólogo

Marcela Gutiérrez Quevedo

POLÍTICA CRIMINAL Y “PREVENCIÓN”

Este libro es el producto de las investigaciones de 2014 que se socializaron en el Congreso Nacional de Política Criminal y “Prevención”, en el que se presentaron diferentes posturas y críticas al concepto de “prevención” del delito, con el fin de extraer los elementos esenciales en la construcción de una política pública garantista y respetuosa de los derechos humanos.

La primera parte del libro la hemos denominado “Una crítica al concepto de prevención”: en ella encontraremos los siguientes capítulos:

  • “Políticas públicas y prevención en Colombia”, de la profesora Marcela Gutiérrez. Este capítulo confronta una política criminal garantista con una política criminal reactiva y analiza la definición de política criminal de la Corte Constitucional para entender el valor fundamental de los tres poderes que inciden en ella. Así mismo, identifica prácticas de prevención integral y realiza una crítica constructiva de ellas.
  • “Prevenciones sobre la prevención: algunas consideraciones desde la criminología”, del profesor Camilo Umaña. Este capítulo analiza ciertos argumentos clásicos de las políticas de prevención del delito, señala algunos de sus límites y elabora algunas críticas contemporáneas. Estas consideraciones se hacen desde dos campos de análisis: la prevención del delito desde afuera y desde adentro del sistema penal.
  • “Una política criminal desde la garantía de los derechos económicos sociales y culturales: una aproximación al enfoque de género”, de la profesora Ana Lucía Moncayo Albornoz. Este capítulo identifica algunos obstáculos para lograr una política de prevención del delito desde la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres. En él se hace una crítica tanto al paradigma de la vigilancia y el control como al de la selectividad que nutren el contenido actual de una política criminal de prevención. Esta investigación considera, así mismo, la necesidad de implementar una política criminal de prevención con enfoque de género, con fundamento en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), con el reconocimiento previo del conflicto armado y de las específicas vulneraciones contra las mujeres.
  • “La necesidad de una política preventiva verde en Colombia”, del profesor David Rodríguez. Este capítulo desarrolla la tesis según la cual una macropolítica pública de prevención de daños en Colombia debe tener como constituyente central el componente ambiental. Para desarrollar esta hipótesis, el autor divide su capítulo en tres partes. En la primera genera una definición de política pública apoyándose en las diversas aproximaciones epistemológicas que fundamentan la disciplina del análisis de políticas públicas; en la segunda introduce el marco teórico de la criminología verde; y en la tercera sintetiza los hallazgos de tres investigaciones que sobre el caso colombiano se han desarrollado desde la criminología verde.
  • “Programas socioeducativos para resocialización en el contexto penitenciario”, de los profesores de la Universidad de Ibagué Nora Cristina Osorio Gutiérrez, María del Pilar Salamanca Santos, Laura Elisa Rivera Montealegre y Carlos Andrés Ávila Palacio. Este capítulo describe el análisis y evaluación de cinco programas socioeducativos implementados con 162 reclusos (127 hombres y 35 mujeres) desarrollados en 105 sesiones (62 con hombres y 43 con mujeres) por medio de una investigación de tipo evaluativo. En ella se verificó la producción de conocimiento científico sobre la efectividad de los programas socioeducativos.

La segunda parte del libro la hemos denominado “Algunos métodos para una política criminal preventiva”. En ella encontraremos los siguientes capítulos:

  • “Propuesta metodológica para el análisis jurídico-económico del delito: construcción de indicadores auxiliares en la toma de decisiones de política criminal”, del profesor Jorge Luis Triana Sánchez. Este capítulo propone una metodología para realizar el análisis jurídico-económico del delito, orientada a auxiliar la definición de la política criminal, y en particular a las decisiones de las entidades que investigan el delito, tanto frente al procesamiento de los delitos como a la implementación de salidas alternas. La metodología propone crear indicadores tanto del fenómeno delictivo como del proceso de investigación del delito, que permiten generar directrices auxiliares en la toma de decisiones de política criminal, apoyadas en una jerarquización de los delitos y de los casos, en función de su costo social.
  • “Eficacia de la implementación de los métodos alternativos de solución de conflictos en la política criminal del Estado colombiano”, de los profesores Nilton Rosas Camacho y Deily Carol Sierra Ramírez. Este capítulo aborda la eficacia de la implementación y aplicación obligatoria de la conciliación como contribución a la descongestión de los despachos judiciales en materia penal. Como resultado de la investigación, el autor concluye que en Colombia se ha presentado un descenso evidente del uso de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, como consecuencia de la expedición de legislaciones paralelas y alternas a la normativa procedimental penal.

Agradezco a los ponentes del Congreso Nacional en Política Criminal y “Prevención” por realizar, desde sus distintos enfoques y disciplinas, un trabajo de investigación riguroso que brinda valiosos aportes a la construcción de una política criminal. Este libro es una invitación a continuar investigando sobre el problema carcelario y un llamado a la academia para incidir de manera activa en la construcción de una política criminal que reconozca y proteja la dignidad y los derechos humanos para transformar la sociedad en el marco de la democracia.

Este reto se hace aún más necesario ante la decisión de la Corte Constitucional, en Sentencia T-388 de 2013, de declarar el estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario y penitenciario como consecuencia de la violación grave y sistemática de los derechos fundamentales de los internos en las distintas cárceles de Colombia y de convocar a la academia para lograr “un mayor grado de exigibilidad en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos”1.

Para terminar, quiero dedicar este libro a la memoria de mi profesor Nils Christie por haberme acompañado en Colombia2 por los caminos de las vías alternativas a los conflictos y sobre todo con su ponencia en el año 1998 “El derecho penal y la sociedad civil. Peligros de la criminalización”. Pero sin duda lo que más recuerdo de él es su humanidad y solidaridad con los que sufren y se les causa dolor.

Notas

1 Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013.

2 Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.

Una crítica al concepto de prevención

Políticas públicas y prevención en Colombia

Marcela Gutiérrez Quevedo

INTRODUCCIÓN

La noción de “política criminal” ha sido definida por la Corte Constitucional (2010) como

el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle [s] frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.

Existen unos principios constitucionales garantistas que orientan la política criminal de un Estado democrático y que involucran a todos los poderes del Estado:

  • El poder legislativo, al ejercer su poder de definición, debe tener en cuenta los principios de lesividad y de ultima ratio.

  • La rama judicial debe trabajar de acuerdo con principios de proporcionalidad y de excepcionalidad de la privación de la libertad. El principio de proporcionalidad llama a la mesura y al equilibrio. En un contexto colombiano conflictivo y con un Estado social ausente, las penas no pueden ser una manera de compensar ese vacío de políticas públicas.

  • El poder penitenciario debe procurar un trato digno a los internos sin menoscabarles los derechos humanos. Existe hacinamiento excesivo y focalizado hacia las clases desfavorecidas. A los internos y sus familias se les marca con el estigma de desprestigio social, y se ha forjado, para mal de todos, una identidad social negativa y destruida.

En la realidad nos encontramos con el incumplimiento de las normativas internacionales y nacionales de derechos humanos de parte del Estado, con ciudadanos excluidos que “viven” en la cárcel y salen de ella en un estado de desocialización y de pérdida del capital humano. De esta manera sigue el círculo de violencia aprendida y de delincuencia adquirida (Szabo, 1985).

La observación de los espacios penitenciarios reconoce la ideología y la vida de esos espacios llamados totalitarios, en el sentido de Goffman (1968, pp. 29-30) de “tener una vocación de realizar las condiciones ‘de la muerte al mundo’, o sea, una contra-organización concertada y sistemática que niega la organización de una vida social humana”

La Organización de las Naciones Unidas (onu) insiste en el problema del uso excesivo de la prisión, con la grave serie de efectos negativos que ello produce. Ante esto, trabaja sobre el tema de las alternativas a la pena de prisión (Carranza, 1992).

Para llegar al objetivo descrito, desarrollaré tres puntos en que se evidencia lo inocuo, en el ámbito social y el ciudadano, de una política que se apoya en un castigo sin resultados y de una prevención reactiva a corto plazo. Lo anterior se contrasta con una solución estructural (política pública integral-prevención proactiva) de cambio hacia una nueva cultura restaurativa: 1) política criminal represiva, 2) políticas públicas integrales y 3) políticas de prevención reactiva frente a la proactiva.

I. LA POLÍTICA CRIMINAL REPRESIVA

Una política criminal2 real debe partir de los hechos sociales y no de suposiciones sin fundamento científico. El fin es proteger de manera idónea bienes jurídicos, en contextos y dinámicas sociales diversas. Las respuestas estatales y sociales deben ser justas (útiles y necesarias) e idóneas para prevenir y formar ciudadanos responsables (Vargas, 2010).

Una política criminal sin norte ha llevado a destruir vidas humanas y a dejar de satisfacer los derechos de las víctimas y de la sociedad. La Corte Constitucional en varias ocasiones ha declarado el estado de cosas inconstitucional en el que muestra la violación sistemática de derechos humanos y un estado permanente de indignidad (Calle, 2013) y trato deshumanizante (Cifuentes, 1998). A la política criminal le queda imposible, en un sentido preciso, influir a la sociedad colombiana y hacer respetar, por ejemplo, el derecho a la vida y fomentar la convivencia ciudadana.

Esas son las contradicciones de la realidad del sistema punitivo. Emiro Sandoval lo afirma cuando habla sobre el derecho penitenciario colombiano: “La distancia entre las normas vigentes y los niveles mínimos de respeto a los derechos humanos establecidos en las convenciones internacionales es bastante grande” (Martínez, 1990, p. 154).

Hemos escogido el ejemplo del homicidio, pues uno de los derechos fundamentales más vulnerados en Colombia es la vida, y así podremos evaluar la influencia de la política criminal en el bien jurídico por proteger. Para el 2013 hubo 14.294 homicidios (30,3%)3 (Legal, 2014). La cifra anterior refleja lo excesivo del delito en Colombia y llama más la atención si se ve que se centra en ciertos territorios con problemas específicos (conflicto armado, narcotráfico, etc.) que ayudan a que la cifra aumente.

Veamos quiénes son y en qué condiciones están las personas procesadas y condenadas por homicidio.

  • Los homicidios se agruparon en rangos etarios, siendo el de mayor frecuencia entre los 30 y los 39 años, con el 38,1% (11.403) de los casos, seguido de quienes tenían, al cometer el delito, entre 18 y 29 años, con el 37,3% (11.143)4.

  • En cuanto al género de los homicidas, el 96,4% (28.838) son hombres y 3,6% (1.070) mujeres, para un total de 29.908.

  • En Colombia, las regiones con mayor incidencia de convictos son Antioquia 16,4% (4.903), Valle del Cauca 14,3% (4.264) y Cundinamarca 12,6% (3.773).

  • De la población reclusa acusada de homicidio, el 99,5% (29.771) está vinculada a este delito sin agravantes.

  • En el 2013 ingresaron a las cárceles como condenados por homicidio 6.332, y como sindicados 2.517, para un total de 8.950.

  • La modalidad delictiva por la cual se registra mayor reincidencia dentro de los homicidas es el homicidio sin agravantes, con 99,6% (3.783).

Los datos del inpec indican que los victimarios son hombres jóvenes y con una tasa de reincidencia considerable y focalizada en ciertas regiones del país. Son datos que se han de tener en cuenta para diseñar y aplicar una política coherente y racional con las realidades del país.

A. Poder legislativo

Los legisladores tienen el deber de ponderar los efectos de sus leyes en los derechos fundamentales. Se justifica hacer una reflexión y estudios empíricos sobre la utilidad, la necesidad y la proporcionalidad de sus definiciones con la protección del bien jurídico por tutelar.

La normativa nacional expresa que las penas deben “prevenir”. Los códigos Penal, procedimental y penitenciario han sido diseñados por el legislador como derroteros de “prevención” y del ejercicio punitivo como ultima ratio, acorde con los derechos fundamentales.

La Comisión Asesora de Política Criminal5 muestra una política criminal reactiva, una tendencia al endurecimiento punitivo, poco reflexiva, y la subordinación de la política criminal por la política de seguridad. Tal como señala la Comisión,

muchas de las medidas reactivas se han adoptado apresuradamente respondiendo a fenómenos de opinión pública o a los deseos de los gobiernos de mostrar que se está haciendo algo frente a la criminalidad o frente a hechos graves de crueldad o violencia, pero muy raramente las decisiones se han basado en estudios empíricos sólidos que muestren la utilidad de, por ejemplo, recurrir al aumento (o disminución) de una pena, o a la criminalización de un cierto comportamiento.

En el homicidio las penas se han aumentado sin estudios de efecto disuasivo, pues el número de homicidios sigue siendo alto: “Analizadas las penas previstas para el homicidio simple, se tiene que en 1936 era sancionado con penas de 8 a 14 años de prisión”6.

En el Código Penal de 1980, con penas de 10 a 15 años de prisión (homicidio simple), se aumentó el mínimo y máximo sin ninguna fundamentación. El Código Penal de 2000 establecía penas de 13 a 25 años, y con circunstancias de agravación, de 25 a 40 años. Con la Ley 890 de 2004, el artículo 1.º señala que el inciso 2.º del artículo 31 del Código Penal quedará así:

“En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años”. Artículo 2.º. El numeral 1 del artículo 37 del Código Penal quedará así: “1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso”.

Esto significa una variación de 117% en el mínimo y del 168% en el máximo de la sanción, sin que por ello pueda afirmarse que el número de homicidios simples haya disminuido en el país desde 1936 a la fecha (Criminal, 2012).

B. Poderes: de investigación y judiciales

La legislación penal (investigación) fue reformada bajo un sistema oral acusatorio expedito y de negociación. Al ser premial, no siempre hay contradictorios válidos, sino que el fin es resolver con rapidez las causas. Lo anterior hace que la verdad y la justicia sean limitadas.

El poder de investigación y de justicia recibe la repercusión de una gran criminalización legislativa.

Frente al hecho social del homicidio, las estadísticas remitidas son:

  • Número de investigaciones por el delito de homicidio. Ley 906 de 2004. spoa: sistema penal oral acusatorio. En el 2013 hubo 39.902 actuaciones.

  • Número de investigaciones. Sistema de información sijuf: arroja 4.719 (2013). (Ley 600 del 2000).

  • Número de resoluciones de acusación de este delito en vigencia de las leyes 906 de 2004 y 600 del 2000. En el 2013: calificación con resolución de acusación 863; ejecutoria de resolución de acusación 1.044 y jpm- Ejecutoria de resolución de acusación. Total: 1.914.

Según el Consejo Superior de la Judicatura, la totalidad de sentencias por año son: en el 2013 en el Tribunal hubo 2.961 egresos efectivos, y en los juzgados un total de 23.344. Total: 26.3057.

Significa lo anterior que hay muchas decisiones acumuladas de años anteriores en casos de homicidio con un efecto bajo respecto al objetivo buscado: la convivencia ciudadana y el respeto de la vida.

Los datos de la Fiscalía muestran muchos procedimientos, conceptos “reificados” y órdenes sin grandes resultados. Los jueces expiden sentencias que al ejecutarse no tienen nada que ver con el derrotero preventivo de fondo sino de un continuismo ineficiente.

Medicina Legal expone las razones de los homicidios, las cuales consideramos relevantes: por narcotráfico, microtráfico, falta de acceso a la justicia, conflictos de tierras, confrontaciones entre actores ilegales y el Estado, “estructuras delincuenciales organizadas” (Cubides Salazar, 2015, uexternado. edu. co), por robos, dinero, pobreza y desintegración social, cultura carcelaria (reincidencia) e intolerancia. “Conforme a los resultados presentados, el microtráfico de droga es condición necesaria para que existan altos niveles de violencia, pero se requiere alguna variable adicional para que ocurra el fenómeno, pues esta en sí misma no explica la violencia”. (Cubides Salazar, 2015, uexternado. edu. co). En suma, una sociedad con anomia social.

De forma similar a los victimarios, las víctimas son jóvenes (20-34 años), con niveles de educación que no superan la educación primaria o secundaria, diez hombres por una mujer. Sin embargo, el esclarecimiento es limitado.

C. Poder de ejecución penitenciaria

Las consecuencias de una gran criminalización y judicialización son el hacinamiento y la violencia intramuros8. Las cifras que facilitan las instituciones carcelarias nos sirven para identificar la dinámica de la vida carcelaria y los fines logrados de la pena:

  • Para el 2013 las cifras de situaciones violentas son: internos fallecidos (226)9, internos heridos (2.781)10, fuga de internos (237) y otras novedades (2.354)11.

  • La violencia sufrida intramuros por el personal de custodia y de vigilancia (Acosta, Tapias, Salas y Solorzano, 2010) es preocupante por las afectaciones psicológicas y físicas.

En ambas situaciones, el inpec (2014) concluye como factores determinantes de los heridos y los homicidios dentro de las cárceles, las condiciones de hacinamiento: “excediendo la capacidad de las que fueron diseñadas y por ende una limitada oferta de oportunidades de trabajo, estudio y enseñanza”.

Existe un gran porcentaje de tutelas de parte de los funcionarios y de los internos por vulneración sistemática de derechos humanos12 y una búsqueda de la materialización de estos. En el 2013 las razones fueron las siguientes: traslados (1.772), salud (1.894), por funcionarios (280) por hacinamiento (135) y temas varios13 (1.782) para un total de 5.86314.

Ante ese panorama y con el fin de reducir el hacinamiento, en el 2014 se reformó el Código Penitenciario. De acuerdo con el Sistema de Información del Inpec (sisipec), a 30 de abril de 2014 se dieron 1.178 libertades de internos por homicidio, pero al mismo tiempo ingresaron 1.202.

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