Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa del Prof. Dr. D. José Ramon Parada Vázquez, Lectio brevis sobre Carrera, neutralidad política y goberno de los jueces

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Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa del Prof. Dr. D. José Ramon Parada Vázquez Nombrado Doctor Honoris Causa en el acto de Apertura del Curso 95/96 Lectio brevis sobre CARRERA, NEUTRALIDAD POLITICA Y GOBIERNO DE LOS JUECES I. Introducción Este doctorado honoris causa por una Universidad tan prestigiosa como la Universidad Carlos III de Madrid, es para mi, ante todo, una manifestación de afecto de las autoridades académicas y profesores de la Facultad de Derecho, a las que expreso mi más profundo agradecimiento por este gran honor realzado por una hermosa y solemne liturgia universitaria. Pero una investidura de doctor honoris causa también puede verse desde otras perspectivas, incluso la taurina. No me refiero, obviamente, al hecho de que en el ceremonial de la antigua Universidad de Salamanca, de la que la Carlos III se reclama seguidora, se incluyera en el ritual del doctorado, y a costa del nuevo doctor, nada menos que ofrecer a toda la comunidad universitaria "el festejo de los toros" en la Plaza Mayor, asÍ como "una merienda o colación de platos de ensalada y jamones repartidos por las mesas , como también una cena" ún segel acuerdo del Claustro de la Universidad salmantina de 14 de octubre de 1658.
Publicado el : domingo, 01 de enero de 1995
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DiscursodeinvestiduracomoDoctorHonorisCausadelProf.Dr.D.JoséRamonParadaVázquez
Nombrado Doctor Honoris Causa en el acto de Apertura del Curso 95/96
Lectio brevis sobre
CARRERA, NEUTRALIDAD POLITICA Y GOBIERNO DE LOS JUECES
I. Introducción
Este doctorado honoris causa por una Universidad tanprestigiosa como la Universidad Carlos III de Madrid, es para mi, ante todo, una manifestación de afecto de las autoridades académicas y profesores dela Facultad de Derecho, a las que expreso mimás profundo agradecimiento por este gran honor realzado por una hermosa y solemne liturgia universitaria. Pero una investidura de doctor honoris causa también puedeverse desde otras perspectivas, incluso la taurina. No me refiero, obviamente, al hechode que en el ceremonial de la antigua Universidad de Salamanca, de la que la Carlos III se reclama seguidora, se incluyera en el ritual del doctorado, y a costadel nuevo doctor, nada menos que ofrecer a toda la comunidad universitaria "el festejo de los toros" en la Plaza Mayor, asÍ como "una merienda o colación de platos de ensalada y jamones repartidos por las mesas , como también unacena" según el acuerdo del Claustro dela Universidad salmantina de14 de octubre de 1658. No, venturosamente para mis compañeros dedoctorado ypara mi, este acuerdofue dejado sin efectopor Resolucióndel Rey Fernando VI, de 11 de enero de 1752,seg únconsta en la Ley XXV, libro VIII del tomo IVde la Novísima Recopilación, derogación expresa, pues, de aquellacarga, lo que les priva a ustedes de una gran fiesta y colación, pero que asegura amis compañerosde doctorado y a mi elsalir económicamente ilesos de este trance.
No, cuando aludo al festejo de los toros voy por otro camino. Sencillamente apunto a que en este actose me han impuesto una serie de aditamentos dentro de una liturgia solemne sin que, como le ocurrea los astados, esté acostumbrado a llevarlos ni sepa muybien a que viene todo eso, pues tengo la convicción, comoel toro durante lidia, que no soy digno de tanta ceremonia.
Porque, señores, soyinocente, no merezco la imposición de estas banderillas que son el anillo, los guantes, la muceta y el birrete de doctor, esemúsica que es la enumeración de unos presuntos méritos que halagaprofundamente la vanidad decualquiera por dominadaque latenga; contra todoesto invocola presunciónde inocenciay lo hago ante una persona que ha consagrado su vidaal estudio y defensa, en primera lí neade fuego;de los derechos humanos. Me refiero, obviamente, el Excmo. y Magnífico, Rector de esta Universidad Carlos III, Don Gregorio Peces Barba.
Frente a la inmerecida Laudatio con que el Doctor ParejoAlfonso ha cercado mi vanidad, invoco que es fruto del afecto, de la amistad y de la lealtad deun discípulo, lo que le honra, y,además, alego algo muy sabido: que laconducta humana es, en gran parte, un producto social, el resultado de determinadasacciones e influencias que inciden en la persona y si por ello la responsabilidad porlos actos ilí citostiende a diluirse y trasladarse al ambiente social,a las carencias y dolencias queen suentorno hasufrido elinfractor delincuente, con mayormotivo debemos imputar a esa misma sociedad nuestros presuntos merecimientos, máxime cuanto nuestra vida no ha sido más que una suma de inmerecidos y gratuitos privilegios.
Tal es mi caso. Soy alfin y al cabo un simple resultado, el producto social del esfuerzo apasionado de las instituciones que me han educado: lacompa ñíade Jesús, el ColegioMayor deSanta Cruz dela Universidadde Valladolidcon sus cinco siglos de historia y la Academia General de Zaragoza han dejado enmi una parte de sus mensajes. Resultado también del afectoy esfuerzo de aquellos que me han precedido, acompañado oseguido en la ilusión por suministrar alguna claridad enel entendimientode la organización del Estado y su Derecho, instituciones y personasa las que es justo imputar todo el mérito que a través de este doctorado se me atribuye.
Soy deudor de aquellos que revitalizaron el estudio del Derecho Público después dela guerracivil, lageneración de la Revista de AdministraciónPública, y,de forma especial, !muy especial!, de mi maestro, el Profesor García de Enterrí a y de mi gran amigo y co-doctor en este acto, el profesor Nieto, así comode miscompañeros, profesores de Derecho Administrativo y de mis discí pulos,de cuyos esfuerzos y hallazgos he aprendido más que de los míos propios.
Me reclamo asimismo seguidor de los fundadores de nuestra disciplina, delos pioneros,de los liberales constructores del Estado nacional, de los que hicieron al finiguales a todos los españoles ante al leyy losservicios p haber levantada de la nada,y pesea los facciosos carlistas,una Administración centralizada,afrancesada, s racional, única e igualpara losespa ñolesen todo elterritorio nacional. Ese fue elresultado del esfuerzo, entre otros, de Javier de Burgos,de Alejando Oliván, de Posada Herrera, de Manuel Colmeiro.
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La fidelidad ylealtad a quienes edificaron en un solar de confusión y caos el Estado sobre el que discurriónuestra vida no es incompatible con la dicha,sino todo lo contrarioporque "dichoso es -decí aGoethe- aquel que recuerdaa sus antepasados conagrado,/ quegustosamente habla de sus acciones /y queserenamente se alegra viéndose al final de tan hermosa fila ".
Una lealtad que obligaa mirar el Derecho público, talcomo aquellosliberales lo hicieron: de frente,sin las reductoras anteojeras de las construcciones dogmáticas, tediosocamuflaje tantas veces de unarealidad polí ticaconvulsa y agitada, cuyodiagnóstico yremedio no puedevenir más que de una Cienciajur ídica valorativa entre cuyosfines prioritarios está servir laracionalidad yoperatividad del Estado,de lo que depende lacontinuidad de un proyecto ilustrado de modernidad que los hombres que antes cité personificaron ydefendieron. Sinembargo muchos iuspublicistas se comportan ante las graves cuestiones de Estado como si fueran, a la vez, extranjeros y antropólogos que han de respetar todas las culturas,todas las soluciones,todas las ocurrencias legales, sin valorar ni interferir en su devenir, porqueno hayuna verdad objetiva,trascultural, unasolución mejor que otras.
Frente a esa equivalencia de las soluciones,tan postmoderna,ni siquiera vale, en ocasiones, lo quedice la Constitución, comoha ocurrido en la regulación de la Administración deJusticia, sobrela que casinada de lo escrito por el constituyente seha respetado realmente por la LeyOrg ánica6/1985 del PoderJudicial, aprobadaa instancia del Gobierno socialista:ni la competencia exclusiva del Estado,ni la estructura de lajudicatura conforme al principio de cuerpo único ycarrera administrativa, ni la predeterminación legal del juez, ni la mayoritaria autogestión judicial, ni, en fin, se ha respetadola regla de la apoliticidad de los que sirven a la justicia.
II. El Cuerpo único de jueces y magistrados
Dejando para otra ocasión explicar cómo es ya cosa pasada la competencia exclusiva del Estado sobre la Administración de justicia,y centrándonos en la figura de los jueces, recordemos que la Constitución impuso a la judicatura el modelo de función pública más r ígido ycerrado, puesto que aludió aello con dos adjetivos definitorios del modelom tradicional de los cuerpos de funcionarios, prescribiendo a ese efecto quelos jueces formarán un cuerpo sujetará nal principio de carrera.
El cuerpoúnico no se defineen la ciencia administrativa yburocr áticapor el datoformal de la inclusión de unconjunto de personas en un mismo escalafón, reuniendo a todos los nombrados funcionarios o jueces en una sola lista, sino por el criteriomaterial dela igualdad enla formaciónque conllevala unidadde método yprocedimiento de selección para el ingreso en el colectivo profesional, el cuerpo, al quese asigna la responsabilidad exclusiva de gestionar un servicio o una función pública. Juezde cuerpoúnico es,ante todo,exigencia de un tipo standard o unificado de juez,lo que sólo se consigue mediante un procedimiento selectivo común porel que pasan todos los que ingresan en la judicatura.
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En este sentido el cuerpoúnico otipo únicode juez lo inicióel articulo 94 de la Constitución de 1869, al prescribir que "el ingreso en la carrera judicial se hará poroposición", reduciendodr ásticamenteel tradicional principiode confianza polí tica,es decir, de discrecionalidad gubernativa para el nombramiento de jueces y magistrados aun cuarto turno. Pero, incluso, esecuarto turno fue abatido como contrario ala independencia judicial por polí ticos posterioresde muy variada significación.Salmerón, Montero Rí osy EduardoDato firmaron sendos Decretos que terminaron definitivamente con el cuarto turno en el año 1902(Real Decreto de 22 de diciembre).Unificado desde entonces el sistema de ingreso en la carrera, mediante unaúnica oposición,la Constitución,con la exigencia de la unidad de cuerpo vino a corregir la dualidad de jueces originada por la dualidad de oposiciones para el ingreso:una parael el cuerpo de funcionarios municipales yotra parael deingreso en la carrera judicial como juezde primera instanciae instrucción. En todo caso es claroque el constituyente tratóde volver a las fuentes ,acabar con la dualidad de jueces originada por una dualidad de oposiciones,pero no acabar con la oposición como sistemaúnico de ingreso en la carrera judicial y volver a la figura de jueces sin oposición,de "jueces de turno".
Pues bien,ochenta y tres años después de haber sido repudiado porla historia judicial española como contrario ala independencia y neutralidad judicial, ha vuelto el sistema de turnos para el ingreso en la judicatura por mor y gracia de la Ley Orgánica de 1985. Los jueces son ahora de diversos tipos,de muydistintas madres:hay jueces, sí ,de oposición, pero también jueceshijos de las ComunidadesAutónomas que naceny muerenen ellas,jueces de tercer y de cuarto turno cuyos sistema de selección no es la oposición sino unos muydiscutibles e infiables concursos.
La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de 1985 justificó la admisión de los jueces de turno, sinoposición, enuna falacia, !nadamenos!, que en lainsuficiencia del número de jueces,afirmando que "la selección a travésde la oposición no permiteque la sociedad española se dote de Jueces y Magistrados en número suficiente". !Como si no se contaran por varios miles,los aspirantes licenciados enDerecho capacesde superarunas pruebascuyo elevado nivel no es más que una consecuencia del escaso número de plazas que ordinariamente se anuncian en relación con el nú mero de opositores ylas necesidades del servicio judicial!
¿Cómo justificar, además, enel estricto concepto de juez de cuerpoúnico, de juez de carrera, la existencia dejueces suplentes de tribunales,de jueces sustitutos de juzgados,as ícomo jueces interinos o de provisióntemporal, permitiéndose la continuidad discrecional de los ya jubilados,es decir, de losque ya no son de la carrera ni podr serlo más (arts. 201,208, art.. 26 bis y 401 de la Ley Orgánica).
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La Constituciónha vinculadola independencia del jueza un tipode formaciónprofesional, laoposición ya untipo de relación jurí dicade tipo funcionarial muyprecisa ypermanente, y por ello noson admisibles los jueces que,por su origen yla inestabilidad de su status,son fácilmente manipulables,como los interinos,de complemento, los jueces estampillados, los jueces o magistrados ya jubilados, o, eventualmente,los jueces contratados conarreglo al derecho civil olaboral. El juez ha de ser siempre juez de cuerpo y de carrera porimperativo constitucional yestar ligado al Estado poruna relaciónde Derecho público permanente,dado quela Constitución no hace excepción alguna; por ello no hayotro modo de resolver las necesidades del servicio, transitorias o temporales,que con una aumento de los efectivos de la plantilla de la judicatura profesional,adscribiendo una parte de ella a misiones de suplencia,sustitución o cualesquiera otras urgencias.
III. La ausencia del principio de carrera
El principio de cuerpoúnico tal como lo hemos expuesto queda reforzado por la referencia constitucional al juezde carrera, quees sinónimo también en la historialegislativa española de juez por oposición yno deturno pol Ademá s,esta referencia aljuez decarrera llevaconsigo lanecesidad de respetarel principio de promociónprofesional dentro del cuerpo.
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Talleyrand, entexto clásico, definió el sistemade carrera como unsistema de promoción dentro del cuerpo :"no existe - afirmaba- más que un medio de establecer y de fijar, en cada Administraciónel espí rituque le es propio: este medio consiste en un sistema de promociones sabiamente concebidas einvariablemente ejecutadas. Una Administración que no tieneun sistema de promoción no puede hablarpropiamente de servidores del Estado.Los hombres que la ocupan son unos asalariados,que no ven delante de ellos alguna perspectiva,alrededor deellos ninguna garantí a,y por encima de ellos ningún motivo,ning únelemento de subordinación".
El principio de carrerasupone, además de la entradaúnica ycom únen el cuerpo,la existencia en éstede diversos grados o categorí aspor los cuales "correr", transitar a lolargo de la vida profesional en función de un derecho reglado al ascenso. Así ocurrí atradicionalmente en la carrera judicial en laque se reconocí anseis categorí as(tres en lade jueces y otras tres en la de magistrados, denominadas deentrada, ascensoy término), además de lacategor ías de magistrado del Tribunal Supremo yPresidente de Sala de éste. La LeyOrg ánicade 1985 sólo admite dos categorí as:la de juez yla de magistrado. Por ello sólo es posible unaúnica promoción a lo largo de la vida profesionaldel juez, una ascensoa magistrado, y nosiempre, puestoque no puede darse dicho ascenso paralos ingresados por los turnos de magistrado, pordonde seevidencia denuevo que,aunque incluidos en un escalafón,unos jueces son de carrera, aunque mí nima,y otrono.
Del principiode carrera ha quedado excluida, una vez más, lacategor ía de Magistrado de Tribunal Supremoque sigue inscrita, absolutamente, enla órbita del principiode confianza polí tica. Ningún derecho tienen los magistrados aser promovidos aMagistrados Tribunal Supremo, categorí aque se otorgapor libre designación, no recurrible judicialmente, entre quienes han servido quince años en la carrera judicial o, fuera de ella,entre juristas de reconocidoprestigio (arts. 343 y 344). Este sistema infringe el principio constitucional delmérito que obliga a una confrontación entre los capacitados para el ascenso o,en su defecto,a otorgar éste por rigurosa antigüedad ya que ladecisión sea judicialmente controlable. Por ello nada distingue el sistema de ascensos a Magistrados delTribunal Supremo de los ascensos a generales yalmirantes de los Ejércitos o de la Armada, queson de libre designación por el Gobierno !No nos engañemos!: paraser Magistrado del Tribunal Supremo hayque mendigar.
!Qué lejos estamos de los soluciones propiciadas en la Asamblea judicial celebrada enMadrid bajo la presidencia del Ministro de justicia D. Fernando de los Rí os los dí as 6a 12 de julio de 1931 yque se plasmóen el Anteproyecto de Ley redactado por la Comisión jurí dicaAsesora en virtud del cual los ascensos a Magistrados delTribunal Supremo se otorgaban en tres turnos:uno por la antigüedad entre magistrados,otro por oposición entreéstos y un tercero por oposición libre,fórmula muysimilar a la seguida en la carrera notarial! Pero hay más: lograve noes únicamenteel ascensopor decisión polí ticade unMagistrado alTribunal Supremo,sino que este ascenso es el comienzo para muchos de una verdadera carrera,pero polí tica,mediante las sucesivas promociones que él ya instalado en él puede recibir del Gobierno o de otras fuerzas polí ticas.Nada impide que el gobierno oesas fuerzaspuedan de nuevo tentarla ambición delmagistrado proponiéndole su promocióna Presidente del Tribunal Supremo, a Fiscal General del Estado, aMagistrado del Tribunal Constitucional,a Consejero de Consejo de Estado, del Tribunalde Cuentas odel Consejo General del Poder judicial, etc. Endefinitiva, el ascensoa magistrado del Tribunal Supremo no es el final de la carrera judicial sino el principio, el comienzo de unsistema de promoción tan ajeno al principio del mérito yal valor constitucional de la independencia judicial, como inserto en la lógica polí tica.
IV. Predeterminación legal del juez
La multiplicidad declases de juecesy laausencia de una promoción reglada incide muy negativamentesobre el grado de predeterminación legal del juez que la Constitución también impuso como un elemento dela garant efectiva (art. 24). Porque,justamente, cuerpoúnico ycarrera reglada constituyen el primer nivelo elemento, la relación de servicio, sobre la que se asiente inicialmente esapredeterminación, negadaad inicio,recordamos, por las potestades discrecionales de los órganos de gestión de la judicatura en los nombramientos de jueces y ensu promoción. Predeterminación se opone a indeterminación tanto como potestad reglada se opone a potestad discrecional.
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En un segundo nivel,la predeterminación legaldel juez depende de los criterios para la asignación de destinos o plazas en losjuzgados y tribunales. Habrá predeterminaciónlegal si esla Ley misma laque establecedeterminados criterios para la provisión de las plazas entre los jueces ymagistrados yno la habrá si laLey remitesu fijación a otros órganos.
Cierto que la LeyOrg
ánica delPoder judicial establecepara las plazas de los niveles inferiores un criterio fiable porque
se asignan por concursos en función de la antigüedad (arts. 329. 330 y332). Pero para las plazassuperiores e importantes de la magistratura la indeterminación legal es absoluta y,en consecuencia,las Presidenciasde las Audiencias Provinciales,de los Tribunales Superiores de Justicia de lasComunidades Autónomas,la Presidencia de la Audiencia Nacional yPresidencias de Sala de ésta, y todas las plazas de Magistrados delTribunal Supremo y sus presidencias de Sala se asignan, como los cargospol íticos, por libre designación, sinprevio concurso,sin el menor respeto al principio constitucional del mayor mérito de unos u otros jueces ymagistrados.
La LeyOrg ánicadel Poder judicial de 1985 no ha hechotampoco el menor esfuerzo parafijar los criterios objetivos para establecer los turnos para la composición yel funcionamiento de las Salas y Secciones delos tribunales, para completar provisionalmente la composición de las Salas, paradistribuir los asuntos entre las Salas o para la asignación de las ponencias,remitiéndose a los criterios de las Salas de Gobierno (arts. 149y 152).En definitiva,los criterios objetivos parala predeterminacióndel juez queha de juzgarcada asunto que, por imperativo constitucional, deber estar definidos en mayor omenor medida por la LeyOrg ánica,son sustituidos por los criteriosde unos órganos cuyos titulares, por habersido mayoritariamente designados por el Consejo,representan la lí nea polí tico-judicial.
V. El gobierno de los jueces
Frente a estos hechos yvaloraciones pudiera argüirse que nada de eso afecta al principio de laindependencia y neutralidad judicial, pues para esola Constitución creóel Consejo General del Poder judicial como gestor imparcial de la carrera de los jueces yestableció losprincipio de inamovilidad yde apoliticidad.
Cierto que la Constitución española, copiandola Constitución italiana de 1947, concibió el ConsejoGeneral del Poder judicial como autogobierno judicial pues doce de los veinte miembroshab ían deser designados por elección entre los jueces, comotradujo correctamente la LeyOrg ánica1/1980, de 10 deenero que regulólas elecciones entre los jueces y magistrados. Unafórmula "progresista", entrecomillas, porqueen progresismo corporativo judicialni la Constitución italiana ni la española llegaron alnivel de Primo de Rivera que enel año 23 creó(Real Decreto de20 de octubre) la junta Organizadora del Poder judicial para el autogobierno tanto de los jueces como -!asombresen Ustedes!- delos fiscales: "confiamos -decí ala Exposición de Motivos- a la propia magistratura su depuración, su reforma y su régimen, porque estamos seguros de ella misma,pero alejándola de toda intervenciónpol ítica, detodo aquelloque desgraciadamente ha perturbado suvida ".La juntaestaba constituidapor juecesmagistrados yfiscales de todas las categorí aselegidos por suscompa ñerosy formulabapropuestas vinculantes para el Gobierno sobrenombramientos, ascensos, traslados y permutas.
Pues bien,la Ley Orgánica del Poder judicial de 1985 enmendóla Constitución,sustituyendo elautogobierno mayoritario de losvocales representantes de los propios jueces ymagistrados porotra enque los juecesno eligena doce vocales sino que éstos son designados por el Congreso de los Diputados yel Senado. Eneste nuevo sistema, como esp úblicoy notorio, losnombramientos de vocales del Consejo se negocian por lasc úpulasde los partidos, convirtiendo alConsejo General del Poder judicial en un testaferro, un administrador longa manu , unaterminal de las fuerzas polí ticas mayoritarias,por loque, endefinitiva, son los partidos las que ejercen de hecho, por intermedio del Consejo, lasfacultades de libre designaciónque a éste reconoce la LeyOrg ánicasobre la promociónprofesional de los jueces, talescomo nombramientos para las Presidencias de Audiencias provinciales,Tribunales Superioresde las Comunidades Autónomas yla totalidad de las plazas de Magistrados del Tribunal Supremoy Presidencias deSala de éste.
La actualcomposición del Consejo nos ha llevado al peligro, hoyuna evidente e incontestable realidad,de una gestión polí tica de lacarrera judicial. Sin embargo, como antes dijimos,el riesgo de la politización dela carrera judicialser desdeñ able,incluso con la actual composición del Consejo,si los nombramientos de los cargos judiciales,y sobretodo el ascensoa Magistrados del Tribunal Supremo, estuviera reglado,y nofuera, comoes, absolutamentediscrecional, judicialmente irrecurrible.
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Sí guesede aquí que, supuestala normación rigurosa de la carrera judicial sin concesiones auna discrecionalidad rayana hoy,por ser irrecurribleslas decisiones, conla arbitrariedad, la mejorfórmula para gestionar la carrera judicial es la francesa, tradicional ennuestro paí s,de hacer responsable de la misma al Ministerio de justicia, mediatizadopor un Consejo de la Magistratura parcialmente representativo de la carrera judicial. Y es que todagestión pública, y la carrera de los jueces lo es, debe tener unúltimo responsable polí tico,alguien ante al que reclamar y poder destituir, lo que no es posible si los vocalesdel Consejo General del Poder judicial son elegidos por los propios jueces o propuestos por el Congreso o el Senado, dado que dichos vocales no pueden ser removidos gubernativamente,ni comparecen en los procesos electorales,y nohay posibilidadde interponer contra ellos mociones de censura.
En todo caso,aunque no seaning únacierto, el sistemade autogobierno judicial mayoritario es al menosla solución preferida por la Constitución,como no pudo por menos de reconocer el Tribunal Constitucional (STC. 108/86, de 26 de julio, F.J. 13º). Por ello,mientras la Constitución nosea modificada,la solución divergente de la LeyOrg ánicade 1985 seguirá constituyendo,pese a que no fue anulada en aquella instancia, uno de los más clamorosos casos de fraude de la norma suprema.
VI. La actividad política de los jueces y magistrados y la desfasada fórmula de la inamovilidad judicial.
Pero laindependencia judicial,adem ásde descansarsobre elprincipio rigurosode cuerpoúnico ycarrera reglada,se cimenta tambiénen la apoliticidad de los jueces ymagistrados. LaConstitución así lopretendió, al prohibirlesformar parte departidos ysindicatos y alordenar allegislador "establecer las incompatibilidadesnecesarias para asegurar la total independencia delos mismos" (art,. 127). De esta forma el constituyente asumí aas í lal ínea anglosajona dela neutralidad polí ticadel funcionariado, que en nuestropa ís hizo realidadel Decreto-Leyde Gutiérrez Mellado10/1977,
de 8 de febrero, para los militares. a los que se prohibió toda forma departicipación pol pérdida definitiva de la carrera militar.
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La Constituciónpon ía así enevidencia que la independencia del juez no depende tantode la formulación clásica del principio de inamovilidad,que leproteg ía de las sanciones ymedidas arbitrarias, cuanto también de supropia conducta, de suneutralidad estricta ante las diversas opciones polí ticas,a las que podrí afavorecer operjudicar desde su posición judicial a cambio de beneficiarse a sí mismocon las promociones que en la propia carrera judicial o fuera de ella, directa o indirectamente, podrí arecibir eljuez de esasmismas fuerzas polí ticas.En definitiva,la Constitución no ha configurado la independencia judicial como un derecho del juez sinocomo un deber de éste de soportar todas las limitaciones legales precisas para asegurar su neutralidadpol ítica. Con ello queda deslegitimado eldiscurso pseudoprogresista de que los jueces son ydeben ser tratados comolos demás ciudadanos yno sufrirninguna limitación de sus derechos fundamentales. Nada de eso, la Constitución autoriza a atar muycorto e impone directamente limitaciones a aquellosque asumenvoluntariamente profesiones dotadas de poderes excepcionales sobre los demás ciudadanos, como son los militares y los jueces: unos porque tiene el monopolio de las armas; otros porque tienen un poder todaví amayor, privarnosde nuestra libertad. Cualquier derecho debe rendir banderasen aras de asegurar el valor,constitucionalmente superior,de la independencia judicial.
Pues bien,contrariamente a lalegislación tradicional queno facilitaba en absoluto la actividad polí ticade los jueces y, contrariando la Constitución,la reforma socialista de 1985, no sólo no prohibe sino que ha ideado unsistema para excitar y fomentar su pasión partidaria,al premiar y estimularel transfuguismo a la actividad polí tica,reconociendo el tiempo de servicio en lapol ítica como tiempo de servicio activo yantigüedad en la carrera judicial y, más aún, reservando al juez tránsfuga el puesto judicial que desempañaba. Enotras palabras: envez de establecer como manda la Constitución la incompatibilidad polí tica más rigurosa "para asegurar la total independencia judicial", la Ley Orgánica de 1985 estimula la compatibilidad de la actividad polí ticacon la condiciónde juezy da todaslas facilidades para que esa compatibilidad se produzca,pues a estas alturas ya sabemos que para mandar enun partido o hacer carrera polí ticalo de menos es la afiliación formal,la posesión del carnet,una vez inventada la categorí ade "independiente del partido", unaespecie de "tapado"que se transforma en paracaidista olegionario que interviene en los momentos de peligro.
En resolución,la LeyOrg ánicade 1985 no sólo no impide sino que fomenta que los jueces y magistrados engrosenlas listas electorales como candidatos estrella oque formen parte de los cuadros del gobierno ode laAdministración que de éste depende y, param ásescarnio de la neutralidad e independencia judicial,y lesióndel propio servicio, con reserva de sus plazas judiciales (arts. 352 y353 de la Ley Orgánica).
Cierto que los jueces tienenderecho a participaren la vidapol ítica en tanto ciudadanos. Pero no hayrazón nimotivo para que se les reserve,después de abandonar por la polí ticala judicatura,la condición de juez ymenos aún el puesto judicial. Cuandoel juez pasa a la polí ticapierde el derecho a que se crea en su independencia, en su neutralidad frente al ejecutivopresente o porvenir. Sobre éstos jueces ymagistrados hayya una presunción fundada dedependencia u hostilidad frentea fuerzas polí ticasdeterminadas, porlo que nunca volverí ana formar en los cuadros de la judicatura, si seles aplicasela fórmula del "Civil Service " británico, ejemplo de neutralidadpol ítica: "vosotroslos funcionarios-dice el Manual del civil servant que edita laTesorer ía- nopodéis ser miembros del Parlamento yal mismo tiempo permanecer como servidores desinteresados e imparciales de eseParlamento. El miembro del Parlamento debe tener la libertad de decirlo que piensa del Gobierno yde criticar susacciones, cuandoy comoquiera. El funcionario no puede tener esa libertad. Según los mismos principios un funcionario no debe jugar abiertamente un papelen las luchas polí ticas, incluso si no tiene intención depresentarse como candidato en las elecciones. Esto no significa que no dabais tener opinionespol íticas, queno dabais votar en laselecciones, sino simplementeque debéis deabsteneros de hacer cualquier cosa que pudiera hacer dudar a la opiniónp úblicade vuestra imparcialidad en el ejercicio de vuestras funciones. Poco importa, naturalmente, el partido polí ticoal que pertenezcáis: el partido que tienehoy lamayor ía puede pasar a la oposición el año siguiente, la semana próxima, y sí vuestrafidelidad alGobierno no es ahora puesta en duda,podr áserlo entonces ".
Dicen que los juecesingleses se disculpan de quienes bromean sobre larizosa y blancapeluca conque secubren en los juicios alegando que no tienen otra forma de distinguirsede los delincuentes. Quizás por eso nunca cambiansu condición de juez por un acta de diputado, porque si tal hiciesen habrí anperdido para siempre su neutralidad polí tica, su independencia,y por ellonunca más podrí anvolver a ser jueces,ponerse la peluca ni diferenciarsede los delincuentes.
Entre nosotros, por elcontrario la independencia judicial, esmateria disponible,intracomercium, susceptiblede tratos electorales yde otraí ndoleentre el juez y los partidospol íticos, unamuestra clara de la degeneración denuestro Derecho público que se evidencia cuando los intereses partidarios o personales de los servidoresdel Estado se anteponen alos valores constitucionales. El Ejecutivo, que no puededestituir otrasladar al juez, sí puedeponerse de acuerdo con élpara promocionarle en la carrera judicialpor intermedio desus fielesen el Consejo Generaldel Poder judicial o él, directamente, encualquiera otra esfera de la polí ticay dela Administración,guard ándolela titularidad del órgano judicial que veniadesempe ñandopor el tiempo que tenga por conveniente. La conclusión esobvia: las ambiciones de los jueces ylos intereses polí ticos partidariosse hanhecho primar sobre laexigencia deneutralidad y independencia judicial que la Constitución consagra. Dicho en términosvulgares: laLey Orgánica de 1985 protegela inamovilidad, judicial frenteal palo, frente a la sanción, pero no la protege dela zanahoria profesional,es decir, del ascenso inmerecido a las presidencias de los tribunales territoriales o al Tribunal Supremo,ni delos mandatos parlamentarios o de los nombramientos gubernativos.Pese a la Constitución,y enrazón a esa extraordinaria movilidad que ha introducido laLey Orgánica del Poder judicial de 1985, el juez apareceante el desconcertado pueblo español con una doble faz:unas veces es Mister Hyde y otras el Doctor Jekyll: unas veces se presenta conrostro de severo e
impoluto magistrado,incluso progresista, y otras concara de mitinero en plaza de toros,de diputado o de ministro del interior.
De todoello resultaque laformula constitucionalsobre la inamovilidad de los juecesque introdujola Constitución de 1837 (art.66) y que tení apleno sentido sobreun fondo yun pasado en que no existí auna carrera judicial, cuando los cargos de la justicia se daban y quitaban en función del principiode confianza polí ticaresulta ahora,siglo y medio después, unafórmula anacrónica cuando ya ni los funcionarios más modestos son trasladados, jubilados ni sancionados sino en función de los dispuesto por la leyy posterior control judicial.Por ello yo postulo otrafórmula sobre la inamovilidad judicial. Un precepto que nos proteja de la promoción inmerecido delmagistrado adictoo de la patada hacia arriba deldesafecto, porqueno olviden ustedes quela mejor manera de desalojar a unmagistrado incómodo de su puesto es promocionándolo !Yquien puede resistirse a ser magistrado del Tribunal Supremo?; o si ya se es de éste ¿cómo resistirse a ser nombrado,por ejemplo, Magistrado del Tribunal Constitucional o ConsejeroPermanente de Estado, prolongandola actividad profesional muypor encima de la jubilación a los setenta años! No, nopueden exigirse heroicidades; loque hayque hacer es erradicar la posibilidad de tentaciones activas ypasivas . Es por ello urgente una redefinición de la inamovilidad judicial,adaptada a nuestrotiempos que dijera algo así :"los jueces y magistradosno podrá nser promovidos a ningún puesto judicial sino es por riguroso y acreditado mérito o, en su defecto, en función de la antigüedad yno podrán ser nombrados paraning úncargo público sino hasta pasados dosa ñosde su cese enla carrera judicial".
VI. Reflexión final
Esta brevereflexión sobre la carrera judicial muestracomo seha cumplido en ellael mito de Sí sifo,seg historia de los esfuerzos de los hombres parece sujeta a la maldición de suinutilidad. Toda la fuerza necesaria para llevar lapiedra alo alta de la montaña se viene abajo cuando se llega a la cumbre,porque otra contraria arrastra la pesada carga hacia las profundidades.
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Aquí tambiénlos esfuerzos del pasado por llevar hacia arriba,hacia su culminación,la carrera judicialy quetantas buenas voluntades yesfuerzos de todas las fuerzaspol íticas concitóen el pasado yque asumióla Constituciónde 1978, se hanvenido abajo con la reforma socialista de 1985 que ha reintroducidode nuevo el sistema judicial en la lógica del principio de confianza polí tica,y excitadoal máximo enla ley, y en al práctica, lapasión y la dependencia polí ticade los jueces. La politización de la justicia o la judicialización de la polí ticade que tanto se habla a propósito de la corrupción polí ticay de. lospresuntos crí menesde Estado,tiene enesa LeyOrg ánicadel Poder judicialde 1985 una de sus causas más determinantes
A losprofesores deDerecho no nos correspondeciertamente enjuiciar presuntos crí menes,de Estado, peros íest á en el centrode nuestro deber investigar ydenunciar las perversionesdel ordenamiento jurí dico,las desviacionese infracciones del texto constitucional. Paraesa labor de investigación yde denuncia creo preciso,lo recuerdo,abandonar el purismo lógico-formal que, comodec ía Trieppel,"excluye al Derecho delcontacto con otras ciencias,que hace de él una exotérica teorí asólo comprensiblepara los iniciados,que presenta a todas las instituciones estatales,Constitución, Parlamento, Corona, autoadministracióny muchasotras únicamentecomo esquemas sin sangre sin referencia alguna a su historia,a su contenido ético,a su relación conlas fuerzas polí ticas,lo que necesariamente conduce auna esterilización de la teorí a delEstado ydel Derecho ".
Entre esas investigaciones considero prioritario reflexionar sobre lo acontecido en el poder judicial,cuyo secuestro partidario es el más grave crimen contra el Estado de Derecho yla Constitución. Corromperel sistema judicial es atacar a la "Santa Bárbara", ala esencia misma del ordenamiento jurí dico que queda así desprovistode toda fiabilidad. Es, pues, nuestrodeber recogerel testigo detodos aquellos,no pocos, queen los dosúltimos siglos lucharonpor la independencia yneutralidad de los jueces e intentar de nuevo llevar la pesada losade un sistema judicial ineficaz y politizado otra vezhacia arriba,hacia la transparencia,poniendo en ello el esfuerzo necesario y, sobre todo, acopiando para esa obra lo más difí cilde encontrar,el bien más escaso: la esperanza. En esa urgente tarea yo no dudo que los juristas de la Universidad Carlos IIIde Madrid irán en vanguardia,en la misma vanguardia en la que siempre caminósu Rector en defensa de los valores democráticos. Nada más.
Muchas gracias.
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